La magnitud de la crisis obliga a plantear soluciones imaginativas. La patronal Seopan acaba de proponer al PSOE para que se lo haga llegar al Gobierno la posibilidad de construir 250.000 viviendas para alquilar en terrenos cedidos por los ayuntamientos. El proyecto está valorado en 17.500 millones que asumiría el sector privado, por lo que la Administración no efectuaría ningún desembolso.
Cómo favorecer el acceso a una vivienda a las familias con menos rentas sin incrementar el gasto público? Sobre esa cuestión trabaja desde el verano la patronal de las grandes constructoras, Seopan, que pretende trasladar al Ejecutivo una propuesta en la que contempla no sólo la construcción de 250.000 casas en alquiler en los próximos cinco años, sino la puesta en marcha de nuevos hospitales y centros penitenciarios para atajar el díéficit que existe en estos equipamientos sociales.
Con este programa de inversiones se conseguiría, según la asociación empresarial, un doble objetivo. De un lado, se logra favorecer el acceso a una vivienda a las familias con rentas más bajas y de otro reanimar la actividad económica, frenando así la destrucción de empleo.
El estudio elaborado por Seopan ha estimado un coste de construcción por vivienda de 70.000 euros para una superficie de 70 metros cuadrados. 'Casas que podrían alquilarse a una renta de 400 euros al mes y destinarse a jóvenes de entre 20 y 35 años, jubilados sin piso en propiedad u otros colectivos como familias monoparentales o inmigrantes', sostiene.
La inversión total estimada para este programa sería de 17.500 millones de euros, dinero que aportarían las empresas privadas. Las administraciones públicas (fundamentalmente ayuntamientos) cederían gratuitamente los suelos sobre los que se construirían las casas.
Las promotoras se encargarían de la edificación y gestión de las viviendas en alquiler durante un tiempo preestablecido, produciíéndose al tíérmino del contrato con la administración titular de los terrenos la reversión de los pisos como parte del patrimonio público. Por ello, Seopan defiende que es un proyecto que no requiere de un desembolso adicional de recursos presupuestarios.
Recuperar ingresos
'Un programa de esta naturaleza resolvería parte del problema de muchas familias que actualmente no logran acceder a una vivienda en propiedad y serviría para crear a largo plazo un parque social de casas del que carece España, a diferencia de lo que ocurre en los principales países europeos', explican en la patronal. Además, los municipios recuperarían, vía impuestos ligados a la construcción, parte de los recursos que dejan de ingresar con la venta de terrenos, según recuerdan algunos expertos consultados.
En el análisis elaborado por la asociación de las grandes constructoras se recuerda que este programa sería, en todo caso, adicional y no sustitutivo de los planes de vivienda protegida (VPO) en propiedad ya en marcha. Es más, esta iniciativa podría convivir con las ayudas aprobadas para movilizar el millón de casas sin vender que se calcula que existe. Seopan recuerda que recurriendo a la fórmula del alquiler social 'desaparecen o se minimizan los problemas que históricamente se han asociado a las VPO en propiedad, como son los fraudes detectados en la reventa de estas casas que, pese a recibir subvenciones públicas, quedan largos periodos desocupadas'.
30 nuevos hospitales y 20 cárceles
Además del plan para edificar esas 250.000 viviendas valorado en 17.500 millones, Seopan cree factible acometer a medio plazo la construcción de 30 hospitales y 20 centros penitenciarios, que requeriría una inversión de otros 4.300 millones. Para financiar estas obras, lo más aconsejable, según la patronal, sería acudir a las conocidas fórmulas de colaboración público-privada (CPP), por las que administración y empresas suscriben un contrato de concesión. Gracias a este mecanismo, el socio privado adelanta el dinero para construir la infraestructura, que luego recuperará a cambio de gestionar el equipamiento resultante.
En el caso de un hospital, la empresa adjudicataria del concurso financia su construcción, se compromete a terminarla en un plazo determinado y comienza a cobrar de la administración cuando lo entrega y siempre en función de los servicios auxiliares que preste (mantenimiento, limpieza, cafetería, entre otros); ya que la atención sanitaria suele quedar suscrita al ámbito público.
El estudio calcula un coste de 90 millones por centro y admite que, dada la actual coyuntura, el Estado no podrá asumir el coste de poner en marcha más de 30 hospitales, puesto que despuíés hay que dotar a cada centro del personal necesario. En el caso de las cárceles, el coste estimado sería de 80 millones por instalación. Seopan admite las dificultades de desarrollar ahora un plan como íéste, debido a la crisis financiera, 'aunque de íésta se saldrá antes que de la recesión y habrá que estar preparados con proyectos interesantes'.
Los arrendamientos
España sigue liderando el ranking de países europeos con menos protagonismo del arrendamiento. Mientras en Alemania o Francia el parque de viviendas en alquiler representa el 41% y 33% del total respectivamente, en España sigue sin superar el 11%.
