Las empresas obtienen un respiro de una ley draconiana
Cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa afectaría a millones de entidades y costaría miles de millones.
Este año, la Navidad llegó antes de lo previsto para las pequeñas empresas, gracias a un tribunal federal de Texas.
El juez Amos Mazzant , designado por el presidente Barack Obama , bloqueó la entrada en vigor, el 1 de enero, de un nuevo mandato federal de presentación de informes conocido como Ley de Transparencia Corporativa, semanas antes de que afectara a decenas de millones de empresas y asociaciones.
Pero, como el Grinch que se esconde tras el monte Crumpit, la administración Biden ha vuelto a los tribunales con el objetivo de arrebatarle la orden judicial, sin duda temerosa de que la administración Trump mantenga el mandato en suspenso.
La CTA afecta a entidades comerciales como corporaciones y compañías de responsabilidad limitada. La ley estatal siempre ha regido el registro corporativo y el mantenimiento de registros.
La CTA cambia radicalmente la primacía de los estados con un requisito de presentación de informes federal mucho más allá de lo que cualquier estado haya impuesto jamás.
Las entidades cubiertas deben presentar informes a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), revelando sus “beneficiarios reales” y una serie de datos personales sobre cada uno de ellos: nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección actual y una copia de un pasaporte o licencia de conducir vigente.
Para empeorar las cosas, la enrevesada definición de “beneficiario real” del estatuto incluye a cualquiera que “indirectamente... ejerza un control sustancial” sobre una entidad o “reciba beneficios económicos sustanciales” de ella.
