Hacienda investiga a menos empresas inmobiliarias, aunque recauda un 7,5% más. Los tíécnicos alertan del aumento del fraude con el IVA y Sociedades.
Los empresarios inmobiliarios puede estar pasando por la peor de las crisis, pero no por ello dejan de estar en el disparadero de los planes antifraude. Aproximadamente el 20% de toda la recaudación de la Agencia Tributaria (Aeat) en estos programas tiene origen en el ladrillo, aunque, como reconoció ayer el secretario de Hacienda, Carlos Ocaña, se empezará a rebajar la vigilancia este año.
En concreto, la deuda liquidada del sector asciende a 1.315 millones, un 7,5% más que hace un año. Por el contrario, el número de contribuyentes inspeccionados ha decrecido un 8,9% hasta quedar situado en 7.747. Estos contribuyentes pagan uno de cada cinco euros de las actuaciones de control de la Aeat, que ascienden a 6.518 millones, un 9,5% más que hace un año. La recaudación total, incluidas regularizaciones voluntarias, es de 8.054 millones.
Estas cifras fueron criticadas por los tíécnicos de Hacienda, que denunciaron que el fraude fiscal aumentó en 3.983 millones el pasado año. Según informó Gestha, el incremento del fraude viene determinado por el descenso inexplicado de la recaudación en IVA y de Sociedades.
En cuanto a un eventual aumento de la economía sumergida, tanto Ocaña como Luis Pedroche, director de la AEAT, aseguraron que la Agencia seguirá trabajando intensamente ante la evidencia de que hayan surgido nuevas bolsas de fraude.
Pedroche explicó que, ante la crisis de la construcción, las actuaciones se centrarán en nuevos sectores. La actualización del plan antifraude destaca la vigilancia en la introducción de mercancías, en los almacenes, el control periódico de las declaraciones de los contribuyentes y en un programa de signos externos de fraude.
Otro de los objetivos de los inspectores son los billetes de 500 euros, cuya vigilancia ha generado una recaudación de 308 millones. La mayor parte (223,4 millones) fueron declaraciones realizadas por los propios contribuyentes.
Hubo casi 60 millones de deuda incoada y 26,4 millones que llegaban a los límites establecidos para que los casos fueron enviados a la Fiscalía. En este último segmento, la investigación se centra en sólo 17 personas, de un total de 13.000 expedientes.
En cuanto a la proposición no de ley para que las pymes pudieran tener una moratoria en los impuestos de operaciones no cobradas, Pedroche destacó que para el caso del IVA no podrá llevarse a cabo salvo que se produjera una modificación en la UE en los criterios de caja y devengo que impone Bruselas en este impuesto.
Ocaña, por su parte, afirmó que una posible rebaja en la tributación de los ERE, como tambiíén se ha pedido, podría dar lugar a que se abaratara el despido.
