Las constructoras españolas se han movilizado ante el que parece un intento definitivo del Gobierno portuguíés por levantar un nuevo aeropuerto en Lisboa. El proyecto requerirá 3.300 millones de inversión, a cambio de lo que se ofrece la concesión de la infraestructura y la entrada en el capital del gestor aeroportuario ANA. La agenda del proceso prevíé que la precalificación se abra en junio. Sacyr ya se ha aliado con Mota Engil y Brisa, mientras FCC y Ferrovial trabajan en la formación de consorcios.
Uno de los mayores proyectos de obra civil que se va a poner en marcha en los próximos años en Europa, el de la construcción del aeropuerto de Lisboa, ha entrado en fase de lanzamiento tras varios años sin pasar de simple promesa. Este centro de comunicaciones luso sustituirá al aeropuerto Portela, debería estar operativo en 2017 y la concesión a manos privadas se alargará hasta 2050.
El Gobierno de Josíé Sócrates trabaja contrarreloj con el fin de promover la licitación, valorada en 3.300 millones, de aquí a finales de año. El proceso, conducido por la sociedad pública Novo Aeroporto (Naer), tiene varias etapas de inminente cumplimiento por lo que las mayores constructoras españolas se apresuran a tejer alianzas.
Sacyr, a travíés de su subisidiaria local Somague, tiene como compañeros de viaje a la constructora Mota Engil, a la concesionaria Brisa y a las entidades financieras Espírito Santo y Caixa Geral de Depositos. FCC se plantea operar representada por su filial Ramalho Rosa Cobetar y no descarta acudir de forma directa. Ferrovial, por último, tambiíén está abierta a participar en la puja y, según fuentes cercanas al concurso, pretende hacerlo en compañía de la constructora Texeira Duarte.
Estas referencias españolas atienden a dos claves para ser competitivas en la batalla por el mayor aeródromo luso: repartir riesgos con compañeros de juego de peso y, si puede ser, que íéstos sean portugueses. Fuentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes han confirmado que la financiación de las obras correrá a cargo del consorcio adjudicatario y no del Estado. En todo caso, las empresas contarán con un pequeño respaldo económico de fondos europeos.
En el calendario hay fechas marcadas a la vuelta de una semana. El próximo 21 de abril Naer iniciará la búsqueda de la entidad que elaborará el estudio de impacto ambiental.
La instalación contará con una terminal y dos pistas sobre 3.400 hectáreas en la localidad de Alcochete, al sur de Lisboa, y el informe debe estar concluido antes de que termine el ejercicio. De forma paralela se desarrollará un proceso de precalificación en el que los consorcios deberán dar muestras de su capacidad para afrontar el compromiso. Fuentes oficiales sostienen que, la recta final del concurso, con los grupos seleccionados y el estudio de impacto sobre la mesa, se impulsará antes de que arranque 2010.
Incógnitas
Mientras se trata de avivar el interíés de las constructoras, el Gobierno de Sócrates tambiíén está inmerso en el plan de entrada de capital privado en el gestor público de aeropuertos ANA. El primer escenario contemplado fue entregar a un socio industrial el 50% del capital más una acción, pero distintas fuentes afirman que las nuevas pretensiones pasan por ceder un paquete minoritario en la entidad operadora de plazas como Lisboa, Oporto y Faro.
Desde el Ministerio de Obras Públicas portuguíés se comenta que 'no está definido el número de acciones de ANA que irán a manos privadas con la construcción del nuevo aeropuerto, ni los activos del gestor aeroportuario que entrarán en el proceso de privatización'. Lo que permanece inamovible es que quien se encargue de las obras de la nueva instalación lisboeta se convertirá en partícipe de ANA.
En todo caso, el Gobierno de Josíé Sócrates estudia la hipótesis de emprender las obras del aeropuerto y elegir un mejor momento para avanzar con la privatización de la entidad pública.