SGAE se frota la manos y la Ministra se calla
por Antonio Lorenzo en El Economista
El futuro inmediato de las descargas gratuitas en Internet está en vilo y muchos intereses pueden saltar por los aires. Posiblemente el negocio de la Red vive estos días la crisis más importante de su joven historia en España, con una confrontación que salpica a usuarios, operadores de telecomunicaciones, gestoras de derechos de autor, gobiernos nacionales y el propio Ejecutivo comunitario.
En el centro de toda la políémica brilla el verbo descargar, una actividad que ahora se somete a juicio sumarísimo en
los principales países del mundo.
España no es menos que el resto y la políémica tambiíén está servida.
Por un lado se encuentran los defensores de los internautas, partidarios de preservar sus actuales derechos
y de evitar peajes abusivos en la Red. En el mismo frente que los usuarios destacan los suministradores de acceso a Internet, que tambiíén rechazan la criminalización a la que se somete al sector.
En el bando contrario aparecen las sociedades gestoras de derechos y la ministra de Cultura, íngeles González-Sinde, quiíén más pronto que tarde podría romper su silencio
aparentemente conciliador.
El caso es que las asociaciones de internautas y los principales proveedores de banda ancha están de
uñas con la nueva titular de Cultura, así como con los grupos afines a la ministra, como la Sociedad General de Autores yEditores (SGAE).
El nuevo alto cargo del ministerio de la Plaza del Rey se ha significado durante los últimos meses por su lucha contra los programas de intercambios de archivos digitales de Internet (P2P). Lo que hasta ahora había sido una tensa calma por parte de las compañías de telefonía, muy pronto se ha transformado en nubarrones que amenazan con tormenta.
Los recelos y temores latentes se pusieron de manifiesto cuando la SGAE empezó a reclamar nuevos cánones a los operadores de telecomunicaciones, para así gravar las
conexiones de ADSL y cable.
Con esos nuevos ingresos, la SGAE pretende compensar las presuntas píérdidas de sus afiliados por el impacto de las descargas gratuitas.
Fue el presidente de la entidad recaudadora quien esta semana instó a las compañías telefónicas a pagar una "tarifa inteligente". Tambiíén aseguró que es "una obligación cívica" que las compañías telefónicas colaboren, porque además ya están pagando esos derechos de autor en otros países.
"¿Por quíé aquí no?", se preguntó Bautista. Los operadores de telecomunicaciones consultados saltaron como resortes en cuanto escucharon el runrún de nuevos impuestos sobre su sector, ya de por sí castigados con más tasas que ninguna otra actividad económica.
"¿Ahora nos piden otro canon?, ¿nos exigen que cortemos a los internautas?... algunos lo quieren todo pero sin aportar nada a cambio. Se trata de una actitud que repelemos frontalmente porque es autodestructiva, con medidas cortoplacistas que no conducen a ningún sitio".
Otras fuentes cercanas a las empresas de telefonía tambiíén claman al cielo: "Los autores deben darse cuenta de que la solución (al problema de las descargas gratuitas) pasa por utilizar las capacidades de los operadores de telecomunicaciones y apalancarse en modelos de negocio más colaborativos, abiertos y flexibles".
La ministra de Cultura tambiíén contempla en su ideario de gobierno la incorporación de tasas sobre las conexiones de Internet. Sobre esta amenaza en ciernes por parte del Gobierno, los operadores volvieron a mostrar su más rotunda repulsa. "El rechazo ante ese posible escenario es total, porque no se puede castigar a alguien por el uso inadecuado o no de la tecnología disponible, especialmente en algo que ni animamos, ni promovemos ni facilitamos", indican.
"Ya nos opusimos al canon digital que soportan los telíéfonos móviles y nuestra oposición será igual o más contundente si se diera el caso", añaden.
Enemigos y aliados
En medio de la batalla, parece claro que los programas de intercambio de archivos (P2P) tendrán los meses contados, pero tambiíén que las compañías de telecomunicaciones no moverán un dedo para evitarlo.
No obstante, la aparente cordialidad entre el sector y el Gobierno podría saltar por los aires si se imponen nuevos cánones. Estos mensajes han llegado estos días a González-Sinde, que "procurará no ganarse enemigos entre los que pueden ser sus aliados", según explican fuentes cercanas a Cultura.
Los expertos sondeados por elEconomista ya contemplaban la progresiva restricción de todas las herramientas que favorecen el P2P, pero el nombramiento de González-Sinde despejó las pocas dudas que hasta entonces existían.
Lo que falta por averiguar es la estrategia que adoptará la nuevaministra para defender sus doctrinas, algo que la comunidad internauta ha recibido con crispación.
Desde la presidencia de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, González-Sinde mostró su determinación para "pelear para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer, para que nuestros administradores comprendan que en el negocio de la red no pueden ganar sólo las operadoras de ADSL", dijo González-Sinde en unos de sus discursos más celebrados por las gestoras de derechos de autor.
Menos paciencia han exhibido los representantes de una amplia corriente de opinión de Internet. Tras unas declaraciones de la ministra en las que proponía "ordenar Internet", el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, apuntó que "dicha ordenación puede ser la excusa perfecta para restringir derechos o para imponer peajes indebidos y abusivos. Ya tenemos uno, el canon digital, que nos considera a todos piratas".
Mientras tanto, los representantes del negocio de la industria cinematográfica y discográfica se frotan las manos ante el peso que ejercerá la ex directora de cine y guionista para subirse a iniciativas ya emprendidas en otros países como Francia, Suecia, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido.
Todos esos países aplican diferentes medidas para vetar el tráfico P2P, en algunos casos en connivencia con los operadores de ADSL y en otros a travíés de organismos especializados en perseguir a los usuarios que incurren en descargas presuntamente ilegales.
Los operadores de telecomunicaciones no están dispuestos a que paguen justos por pecadores, es decir, que se presuponga que el acceso a Internet es algo delictivo.
Tambiíén consideran que el margen comercial ya está bastante ajustadoen el negocio del ADSL, lo que supondría un atropello cualquier nuevo impuesto en esa actividad.
La opinión de los operadores es diferente cuando se habla de reprender únicamente a los usuariosque infrinjan las normas. Sobre ese aspecto, si la administración quiere descubrir a los internautas más activos en los programas P2P, deberán hacerlo ellos por sus propios medios.
"Los operadores de telecomunicaciones no estamos dispuestos a convertirnos en policías o vigilantes de nuestros propios clientes", apuntan.
Otras fuentes consultadas mantienen que la beligerancia de González-Sinde contra los operadores de ADSL durante su mandato en la Academia, se suavizará ahora desde el Ministerio.
"No atacará a los proveedores, sino que se centraráen los contenidos", añaden. Algunos proveedores de acceso, como Jazztel, son especialmente sensibles a la demanda de los internautas para incrementar la velocidad de subida de sus conexiones.
En esta línea, un reciente estudio sobre los hábitos de los internautas desvela que la descarga de películas y vídeo es la síéptima actividad más realizada por los internautas en España, según el Estudio de redes Sociales en España, encargado por Zed Digital.
Tanto gastas, tanto pagas
La receta del tanto gastas, tanto pagas podría complementar el modelo de negocio de las tarifas planas.
Esto lo ha probado TimeWarner en los Estados Unidos y su iniciativa podría inspirar a la ministra.
El gigante presidido por Richard D. Parsons comprobó que más de la mitad de los recursos y capacidad de sus redes lo acapara el 5 por ciento de sus clientes.
Ahora propone cobrar alrededor de 30 dólares mensuales con un límite de descarga de 5 gigas. El precio se eleva a 55 dólares, con derecho a 40 gigas o 150 dólares, sin límites de descargas.
La compañía Comcast actúa con especial contundencia ante los usuarios que sobrecargan la red al utilizar aplicaciones como BitTorrent, ya que les corta la conexión en cuanto sus sistemas detectan un uso desmesurado.
Por todo lo anterior, los grandes proveedores de acceso a la Red ya consideran la posibilidad del pago por uso para evitar la congestión de las redes. Así, los usuarios que se descarguen películas o se diviertan con videojuegos en red tendrán que pagar mucho más por su conexión que otros que sólo navegan por webs, consultan su email o actualizan su perfil de Facebook.
