abc.es/M. PORTILLA | MADRID Domingo, 24-05-09
El fondo de ayuda al sector financiero que está preparando actualmente el Gobierno sólo tendrá un 10% del total en capital (unos 10.000 millones de euros) para poder atender a posibles intervenciones inesperadas -como ocurrió en el caso de Caja Castilla-La Mancha- sin que sea necesario convocar de manera urgente al Consejo de Ministros. El resto estará constituido prácticamente en su totalidad por avales del Estado hasta alcanzar una cifra total de unos 100.000 millones.
Para tener autonomía, el fondo tendrá una estructura jurídica que permita la decisión unitaria del Banco de España sin tener que recurrir al Consejo de Ministros.
El consejo gestor del fondo estará compuesto por ocho miembros, de los cuales cinco pertenecerán al Banco de España, pero consensuados con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Los otros tres miembros serán un representante de cada uno de los tres fondos de garantía de depósitos (cajas, bancos y cooperativas de críédito).
El Gobierno está dispuesto a aplazar la puesta en marcha de este fondo hasta despuíés de la celebración de las próximas elecciones europeas, con el fin de no dar más síntomas de debilidad en el conjunto de la economía española.
En estas últimas semanas, la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado, ha recibido a los principales banqueros de nuestro país con el fin de conocer su opinión sobre la constitución de este fondo.
No al «manguerazo»
Los banqueros han sido claros y contundentes a la hora de dar su opinión a la vicepresidenta económica. Primero, no son partidarios de la creación de este fondo y, segundo, como parece que de cualquier forma se va a formalizar, se oponen a que haya un «manguerazo» para todos. Es decir, reclaman que las ayudas sean sólo para aquellos que las pidan o para los que sean obligados por el Banco de España a sanear sus cuentas.Sólo comprarán oficinas o activos de las cajas de ahorros, nunca una entidad enteraEn el hipotíético caso de que el Gobierno optara por un «manguerazo» general «nos tendrá enfrente», han manifestado a este periódico importantes dirigentes financieros. Las mismas fuentes señalaron que el Gobierno no va a permitir que se liquide ninguna entidad bancaria. En todo caso se las dejará caer, pero en el sentido de que sean absorbidas por otras, bien de forma voluntaria -aunque apuntan que las fusiones prácticamente nunca son voluntarias- o bien por orden del Banco de España, pero con nombres y apellidos.
En este aspecto la vista está puesta en las cajas de ahorros, donde hay un sobredimensionamiento fruto de la expansión inmobiliaria de los últimos años y del crecimiento en la concesión de hipotecas por parte de estas entidades. Las cajas han abierto 10.000 nuevas oficinas en los últimos doce años, mientras que los bancos han cerrado 2.000 sucursales en el mismo periodo. El parón de la vivienda podría provocar el cierre de hasta un 30% de las oficinas de las cajas y recortes en las plantillas en más de 20.000 trabajadores.
Comprar oficinas de cajas
Por eso, en la reestructuración que afecte a las cajas, los bancos han comunicado que sólo comprarán activos u oficinas de estas entidades financieras, nunca una caja entera. Es decir, un banco se limitará a comprar sucursales de cajas en regiones en las que no tenga una representación adecuada a su cuota de mercado.
