Zapatero negocia un multimillonario rescate de las inmobiliarias sin Solbes
Publicado el 02/02/2008, por Juan M. Lamet
Los planes de la Presidencia para reactivar el mercado de la vivienda han provocado el rechazo eníérgico del vicepresidente. El Ejecutivo tiene en su mesa la propuesta de apoyo a las promotoras a travíés de financiación del Instituto de Críédito Oficial.
El plan de rescate financiero que ultiman el Gobierno y las grandes inmobiliarias para reflotar al sector de la vivienda ha desatado un nuevo enfrentamiento económico en el seno del Ejecutivo. Ante las deudas acumuladas por algunas de las empresas más relevantes, el Gobierno comenzó a plantearse inyectar fondos públicos en el sector, que se encuentra en plena desaceleración tras el desplome de la demanda y por las restricciones de críédito que aplican las entidades financieras despuíés de la crisis subprime de Estados Unidos.
El G-14, la asociación que aglutina a las promotoras y constructoras españolas de más peso, se ha erigido en representante del sector ante el cambio de ciclo. Por ello, ha mantenido numerosas reuniones con la Oficina Económica de La Moncloa, el PSOE y el Ministerio de Economía, en busca de un apoyo público que tape ese agujero en las entrañas financieras de la vivienda española antes de que sea demasiado tarde y se produzca otro boom: el del desempleo en la construcción –ver EXPANSIí“N el 12 de enero–.
Pedro Píérez, ex secretario de Estado de Economía en la etapa de Carlos Solchaga y actual secretario general del G-14, lleva la voz cantante en la negociación, que podría concretarse antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Con ello se evitaría el efecto electoral negativo que supondría para el PSOE una mayor ralentización inmobiliaria.
El Ejecutivo no rechaza destinar, a travíés de una línea de financiación del Instituto Oficial de Críédito (ICO), un multimillonario paquete monetario, que el sector privado estima en 10.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. Algo que ha provocado, una vez más, el rechazo eníérgico del vicepresidente económico, Pedro Solbes.
Por un lado, el Gobierno –con el presidente, Josíé Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza– quiere evitar a toda costa que quiebre alguna de las grandes inmobiliarias. Por otro, el titular de la cartera de Economía ha incidido en que sería peligroso endeudar más las arcas estatales para sufragar el alto coste de esta operación. De hecho, desde el Ministerio se ha intentado hacer ver a Presidencia que España perdería atractivo al colocar sus emisiones de deuda en el exterior.
Los síntomas de debilidad económica que dejaría entrever este tipo de críéditos –conocidos como príéstamos jumbo– concedidos a las inmobiliarias fortalecerían la posición de los compradores de bonos, que podrían exigir una rentabilidad mayor. Con ello, los bonos españoles (actualmente con el 4,11% de rentabilidad a diez años) se alejarían aún más de los alemanes, que ofrecen un interíés del 3,91% y son la referencia europea. Y las agencias de ráting podrían, incluso, cambiar su calificación debido al elevado riesgo del sector.
Dudosa legalidad
Además, las fuentes consultadas consideran que favorecer en exclusiva y con fondos públicos a un sector con problemas podría ser directamente “ilegalâ€, en el marco de la Unión Europea (UE), ya que fomentaría de forma deliberada la competitividad de las inmobiliarias españolas frente a las del resto de la UE.
El Gobierno ya trató de reactivar el sector con la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, que encareció el módulo de la VPO para hacerla más apetecible al sector privado.
El 9-M y el voto de los parados como telón de fondo
Una de las principales razones de que el Gobierno sopese acudir al rescate de las empresas inmobiliarias mediante ayudas públicas radica en el gran peso que tiene el sector de la construcción en el empleo. Si las empresas no pudiesen acceder a nueva financiación y la demanda de inmuebles continuase cayendo, la crisis del ladrillo podría llevarse consigo el empleo de miles de trabajadores. Más aún de los que ya se está llevando la caída de las ventas.
Y los parados son votantes. Según el Ministerio de Trabajo, la construcción aporta el 11,61% de las personas dadas de alta en la Seguridad Social. Por otro lado, la última Encuesta de Población Activa –relativa al cuarto trimestre de 2007– revela que el desempleo en la vivienda aumentó un 22,85% en el último trimestre y un 39,33% con respecto al mismo periodo de 2007. Además, la ocupación cayó un 24% en los últimos tres meses del pasado año. Por ello, a cinco semanas de las elecciones generales del 9 de marzo, el Ejecutivo no puede permitirse que un sector tan sensible y con tanto peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se desequilibre en profundidad. El efecto negativo de un hipotíético boom del paro inmobiliario pondría en peligro el signo del voto, especialmente cuando el PSOE ha hecho de la vivienda una de sus banderas durante toda la legislatura.
Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el G-14 (que lidera Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa) están tratando de frenar por todos los medios la galopante deuda que acumulan algunas de las promotoras de más peso. Así, el G-14 ha aprovechado la coyuntura para exigir ayudas, consciente de la importancia electoral que tienen los trabajadores de la construcción cuyo trabajo pende de un hilo.
