Efe | Europa Press
BRUSELAS.- La Comisión Europea se ofrece de forma extraordinaria a financiar en 2009 y 2010 el 100% de los proyectos que se pongan en marcha a cargo del Fondo Social Europeo, dispensando al Gobierno y a las comunidades autónomas de la obligación de aportar entre el 50% y el 15% de las ayudas, según los casos, que se aplican normalmente.
La iniciativa supone adelantar a España 2.300 millones de euros de ayudas del presupuesto comunitario para este año y el próximo, dotación que en el conjunto de la Unión Europea supondría un alivio temporal de 19.000 millones de euros.
Se trata de ayudar a aquellos países que tienen problemas para cofinanciar sus proyectos. La medida no modificará el reparto de los fondos ya acordado para España, que recibirá un total de 8.000 millones de euros en el periodo 2007-2013. Tampoco hay dinero extra. Sin embargo, con la ayuda se acelerará la puesta en marcha de los proyectos aliviando la carga de Gobierno y comunidades autónomas en el peor momento de la crisis.
El Ejecutivo comunitario pretende que los jefes de Estado y de Gobierno den un respaldo político a estas medidas en la cumbre que celebrarán los días 18 y 19 de mayo.
España tiene previsto utilizar la financiación del Fondo Social Europeo para formación, impulso del espíritu empresarial, aumento de la presencia de mujeres en el mercado laboral y su inserción profesional y elevar la baja productividad de la economía con proyectos de I+D y formación continua.
La otra medida estrella que propone Bruselas consiste en reasignar 100 millones de euros del presupuesto actual de la Unión Europea para crear un instrumento financiero cuya función será proporcionar microcríéditos a quienes normalmente tendrían dificultades para acceder a los fondos necesarios a fin de crear una empresa o una microempresa. Este dinero, combinado con la financiación procedente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), movilizará unos recursos valorados en 500 millones de euros.
El Ejecutivo comunitario pide a los países de la Unión Europea que asuman el compromiso de proporcionar como mínimo cinco millones de plazas de aprendizaje en todo el continente para los jóvenes que se enfrentan al desempleo.
Así, la intención de Bruselas es que los Gobiernos deben comprometerse a ofrecer rápidamente una oportunidad de formación o trabajo a cada persona en paro: en el plazo de un mes para los jóvenes menores de 20 años, de dos meses para los menores de 25 años y de tres meses para los mayores de 25 años.
