Los tres grandes accionistas de Iberdrola -ACS, BBK y Bancaja- no han acudido a la ampliación de capital acelerada que Iberdrola cerró ayer por 1.325 millones a 5,30 euros por acción. La operación, que ha provocado malestar en la caja vasca, supone una dilución para los accionistas del 5%.
Iberdrola logró en la mañana de ayer colocar entre 200 inversores institucionales 250 millones de acciones nuevas, que suponen el 4,9% de su capital, en la ampliación acelerada que realizó a 5,30 euros por título. La colocación cogió por sorpresa a los principales accionistas de la compañía, ACS, BBK y Bancaja que, según fuentes empresariales, no acudieron a la misma, aunque habían sido invitados a participar.
Dicha abstención ha provocado una dilución del 4,9% de sus actuales participaciones (ACS tiene el 12,6%; la BBK, el 7,4%; y Bancaja, el 6,02%). Las mismas fuentes aseguran que la operación ha creado un gran malestar en la entidad vasca, a pesar de que su representante, Xabier de Irala, votó a favor en el consejo celebrado el martes.
En ningún caso, la BBK, que es partidaria de otras vías de financiación que no sean ampliaciones, habría podido acudir porque se encuentra en el límite de riesgo sobre inversión que le fija el Banco de España, informa Kirru Artea.
Por su parte, la caja valenciana, según un portavoz, ha optado por no acudir "a la vista de que su dilución es pequeña, al pasar del 6,0% al 5,8% del capital", informa Joaquim Clemente.
Tampoco acudieron los minoritarios, en este caso, porque este tipo de ampliaciones les deja sin su derecho de suscripción preferente.
Iberdrola expresó su satisfacción por haber logrado captar "en tiempo ríécord y, pese a la situación de los mercados financieros", 1.325 millones. Su objetivo se situaba en entre los 1.250 millones y los 1.500 millones. Finalmente, según fuentes del grupo, "nos plantamos en el precio que queríamos". Concretamente, 5,3 euros, que supone un descuento del 7,2% sobre la cotización del martes, pero al que hay que sumar los 0,184 euros de dividendo complementario que las acciones nuevas no van a recibir, según las condiciones de la colocación. La Bolsa castigó la operación con una caída del 6,1%, hasta 5,55 euros.
Con esta ampliación, Iberdrola pretende mejorar su situación financiera (la deuda neta ha pasado de 28.363 millones a 31 de diciembre de 2008 a 31.175 a finales de marzo) y evitar una rebaja de su calificación crediticia, lo que encarecería su deuda. Fuentes del sector aseguran que Moody's había amenazado con rebajar de inmediato su rating de A- a BBB+.
La compañía, que tiene este año vencimientos de príéstamos por 3.405 millones, quiere reducir su deuda en casi 7.000 millones, hasta 25.000 millones, a lo que contribuirá el cobro de los 2.600 millones de díéficit de tarifa que financia. Una tercera vía, anunciada en febrero por su presidente, Ignacio Sánchez Galán, es adelantar a este año el grueso de los 3.000 millones de desinversiones previstas en el plan estratíégico 2008-2010. De esta cantidad, 550 millones los obtuvo en 2008 y, el resto, los quiere conseguir este año. Algo difícil, dado el derrumbe de los precios. Iberdrola ha vendido activos este año (entre ellos el 10% de Gamesa) por casi 800 millones, según la empresa. Un paquete suculento para vender sería el 9,9% de EDP.
Razones políticas de la operación
Además de las razones financieras, la ampliación de capital de Iberdrola tambiíén ha sido interpretada por el mercado en tíérminos políticos. "Es verdad que la elíéctrica está apretada por su deuda, pues compró muy caras las filiales Scottish Power y Energy East, y que, como le está resultando difícil desinvertir, la ampliación le da flexibilidad", afirma un analista. Pero, añade, "tambiíén le beneficia la dilución que provoca en ACS, que tendrá más difícil llegar al 20% anunciado y aportar garantías añadidas por la devaluación de la cotización que provocan este tipo de operaciones a los accionistas". Respecto a las múltiples cajas que están en el capital, considera que la elíéctrica ha realizado la ampliación "a sabiendas de que su situación les impide hacer ninguna nueva inversión". Iberdrola confirmó ayer que la constructora que preside Florentino Píérez no ha acudido, "pese a que lleva dos años diciendo que quiere reforzar su participación hasta el 20%".
