Las comunidades advierten de que no asumirán costes extras y más de la mitad denuncia que no han recibido aún ninguna propuesta.
El Ejecutivo trabaja contrarreloj para sacar adelante la nueva paga para los desempleados que carecen de ingresos tras haber agotado su prestación de paro. Del horizonte pende una fecha límite: el 29 de julio.
Es el plazo que se ha impuesto para cerrar la caótica negociación a seis bandas en la que llevan la voz oficial Moncloa, Trabajo y Política Territorial. Pero, sobre todo, gravita la incertidumbre de cómo se financiará este cheque social, cuyo coste sobrepasará los 1.012 millones de euros, en 2010, si finalmente se impone el boceto de prestación que baraja la mesa.
La idea de Trabajo es conceder una cantidad próxima a los 421,7 euros (el 80% del IPREM) a cada afectado. Pero los sindicatos van más lejos: quieren garantizar la paga por un periodo cercano al año, similar al actual subsidio, conocedores de que esta franja probablemente se rebajará y que la recuperación del empleo está aún lejana en el tiempo. La factura final depende del número de beneficiarios, cuya identificación tambiíén enfrenta a las partes.
UGT y CCOO quieren 'rascar' una paga generosa, pues la crisis del empleo es persistente
Según la vicepresidenta, 200.000 personas perderán la prestación “en algún momento†de 2010, aunque Trabajo ha sugerido que esta cifra podría ascender ya a las 300.000. El Ministerio ha aclarado que sólo en abril 30.000 parados agotaron su prestación, un incremento similar al registrado entre enero y marzo. Los datos son aún más tozudos al comprobar los registros del INEM: la diferencia entre los que cobran una prestación y los que no supera el millón de personas.
Fuentes próximas a Moncloa aclararon a este diario que el Ejecutivo intentará “cerrar al máximo†el círculo de potenciales beneficiarios. Una idea que Zapatero justifica con que no todos los desempleados sin prestación carecen de ingresos. Eso sí, el presidente es consciente de que la nueva concesión atosigará aún más a un díéficit público que puede llegar al 10%. Además, no hay que pasar por alto que se acaba de aprobar una partida extra de 16.900 millones para que el Inem garantice las prestaciones.
Pese a todo, Zapatero no dará la espalda a su promesa social. “Saldrá cueste lo que cuesteâ€, señalan las mismas fuentes. Aunque de la teoría a la práctica, puede haber un trecho. O, mejor dicho, unos cuantos meses. El deseo del presidente de acelerar los resultados del diálogo social se saldó con la entrada en escena del director de la Oficina Económica, Javier Vallíés. Según fuentes próximas a la negociación, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho ha visto limitada su función a rendir cuentas ante los sindicatos.
Mientras, el Chaves acapara la tarea de mentalizar a las autonomías de que deberán pagar parte de la nueva prestación, el verdadero núcleo duro de las negociaciones.
Rebelión autonómica
Las comunidades advierten de que ya han aprendido la lección, y no volverán a verse enredadas en anuncios estrella como la ayuda directa de hasta 2.000 euros por la compra de un vehículo. Su objetivo es entrar con voz propia en la discusión del nuevo cheque, aunque por ahora, según han confirmado once de ellas, no han recibido ninguna propuesta por parte de Chaves.
Para evitar sorpresas indeseadas, Madrid ya ha alertado de que en ningún caso la nueva prestación puede sufragarse por parte de las regiones, ya que es el Estado el encargado de garantizar la cobertura del desempleo. Salvador Del Rey, socio del írea Laboral de Cuatrecasas, no lo tiene tan claro. Si el Ejecutivo envuelve la paga como una ayuda asistencial para personas sin recursos, entonces sí que serían las responsables. En cualquier caso, las autonomías esperan que el Gobierno tenga en cuenta este roto que se suma a la ya financiación autonómica. Incluso no descartan emprender acciones legales.
Los actores
1. El jefe del Gobierno confía en que el director de la Oficina Económica, Javier Vallíés, agilice el diálogo social.
2. El vicepresidente Chaves tiene que convencer a las comunidades de que paguen parte de la nueva prestación.
3. El ministro de Trabajo, quien anunció en su día el ‘cheque’, ha visto reducida su cuota de poder. Su fin: responder ante los sindicatos.
4. Las peticiones de CEOE quedan en un segundo plano :luchará por rebajar las cotizaciones y dar alas a las agencias de empleo.
5. UGT y CCOO abanderan la nueva paga y descartan que pueda haber cabida para una gran reforma laboral.
6. Las comunidades están en un aprieto: deberán sufragar parte de la paga, lo que podría ocasionar problemas legales.
