Por... Juan Camilo Restrepo
Ahora -cuando el Gobierno ha debido destapar inmensos faltantes fiscales- empiezan a aparecer noticias sobre lo que contendrá la propuesta tributaria que llevará al Congreso el próximo 20 de julio. La última de ellas la formuló el presidente Uribe en ceremonia que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá el pasado 23 de junio.
La noticia tiene que ver con la fisonomía que tendría el nuevo impuesto al patrimonio a partir del 2010 (el cuarto desde que comenzó a gobernar el presidente Uribe), y cuyo recaudo se destinaría a financiar las grietas presupuestales que le han aparecido al presupuesto de seguridad y defensa del Estado.
Grietas que -es bueno recordarlo- no se causaron por culpa de los contribuyentes, sino porque el Gobierno irresponsablemente dedicó una tercera parte del recaudo del impuesto al patrimonio a financiar gastos recurrentes. Inobservando así el propósito de este tributo que era exclusivamente la adquisición y repotenciación de equipos militares.
¿Cuáles son los rasgos que empiezan a delinearse en esta cuarta versión del impuesto al patrimonio?
Durante los últimos cuatro años el impuesto al patrimonio lo han venido pagando aquellos contribuyentes que en la declaración de renta del 2006 informaron tener un patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos. Se trata de los 7.500 contribuyentes más ricos del país.
La idea del Gobierno parece ser que el nuevo impuesto solamente se cobre a los "nuevos ricos" que en 2007, 2008 y 2009 hayan declarado patrimonios superiores a los 3.000 millones. Es decir, quienes en los últimos tres años han ingresado al exclusivo club de los ricachones. Pero los antiguos socios de este club, o sea, quienes aparecieron en la foto del 2006 -y que constituyen la inmensa mayoría de los acaudalados del país- quedarían dispensados.
Si esta es la versión fidedigna de lo que está pensando el Gobierno, se estaría fraguando una injusticia tributaria apenas comparable a los exabruptos cometidos con el ríégimen laxo y acomodaticio de las zonas francas.
¿Cómo es eso de que quienes ya pagaron el impuesto al patrimonio durante el último cuatrienio ahora quedarían exonerados, beneficiándose de una especie de recompensa fiscal? ¿Acaso no son estos 7.500 contribuyentes los que gozan de mayor capacidad de pago por tener precisamente las mayores fortunas del país?
Pero el rostro del nuevo impuesto que está dibujando el Gobierno no termina acá: "a partir del 2011 -agregó el Presidente Uribe- se estudia una transitoriedad más prolongada en el tiempo, con tarifa baja para todos los patrimonios de cierto nivel hacia arriba".
O sea: se estaría considerando que a partir del 2011 el impuesto no lo paguen los más ricos (como debe hacerse siempre que se grava el concepto de riqueza) sino la clase media. ¿Cuál será ese "nivel hacia arriba" a partir del cual se cobrará el nuevo tributo? Se ha mencionado los 200 millones de pesos como la frontera para definir quiíén quedaría obligado al pago del nuevo tributo y quiíén no. Si tal es la frontera que se escoge finalmente, habría que recordar que un patrimonio de esta magnitud lo tiene cualquiera que posee un apartamento modesto y un vehículo viejo.
De manera que la fisonomía que empieza a adivinarse en el nuevo impuesto al patrimonio exonera sin ninguna lógica ni rubor a los más ricos del país. Y hace caer el peso de financiar la guerra sobre la comprimida clase media.
En la historia fiscal del país es difícil encontrar -si llegan a confirmarse estos anuncios- una iniciativa tributaria más regresiva, más inequitativa y más disparatada que íésta.
