Elmundo.es/Carmen Llorente
Madrid.- La "ambiciosa" reforma de la Ley del Comercio prometida por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para adaptarse a la Directiva de Servicios Europea y liberalizar la implantación de establecimientos y negocios en España ha quedado en nada.
Este miíércoles, Sebastián devolverá el texto a la Comisión de Subsecretarios sin ninguno de los cambios solicitados por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y las patronales de supermercados e hipermecados (Anged y ACES), y probablemente este viernes el Consejo de Ministros aprobará una ley que mantendrá la misma estructura protectora con el pequeño comercio y las trabas a las grandes superficies prácticamente sin cambios.
Sebastián ha dado marcha atrás en sus pretensiones y, finalmente, despuíés de casi media docena de borradores y más de un año de trabajo, ha dejado que se impongan los criterios proteccionistas perseguidos por Cataluña y Baleares. El Gobierno ha renunciado a fijar unos mínimos para asegurar la libre implantación de los comercios en España y ha otorgado a las comunidades autónomas barra libre para que sean ellas las que marquen las condiciones y requisitos exigidos a los establecimientos que quieran instalarse en su territorio.
Nada que ver con el borrador que estuvo a punto de aprobarse en diciembre y que fue abortado en el último momento por la Consejería de Comercio del Gobierno catalán. Entonces, el borrador establecía que cualquier comercio de hasta 2.500 metros cuadrados podría instalarse libremente en todo el territorio nacional, sin necesidad de pedir licencia. Este mínimo de obligado cumplimiento ha sido eliminado del documento final que ahora pasará a ser debatido en el Congreso de los diputados y que con seguridad saldrá adelante, ya que contará con el beneplácito de los catalanes.
En otras palabras, el Gobierno central deja vía libre a las autonomías para que sigan perpetuando su fíérreo control sobre la implantación de establecimientos, lo que ha convertido a España en el país con mayor carga regulatoria sobre comercio de Europa, según la OCDE.
Competencia echó completamente por tierra el anteproyecto de la nueva ey de comercio de Sebastián. El organismo presidido por Luis Berenguer remitió a principios de junio un demoledor informe sobre el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Industria, al considerar que es "discriminatorio" para las grandes superficies y que no supondrá cambios sobre la situación actual.
La CNC instó al Ministerio a que elaborara una nueva ley de comercio con las mismas reglas de juego tanto para los pequeños establecimientos como para los grandes. Es decir, pidió que se eliminen las licencias y las trabas a la apertura de hipermercados o comercios de gran tamaño como Leroy Merlin, Ikea, MediaMarkt o El Corte Inglíés.
Competencia, además, criticó con fuerza que Industria haya dado barra libre a las autonomías para que impongan los límites a la implantación, ya que supone "una inhibición a favor de la dispersión normativa de la regulación sobre licencias comerciales", que además deja la puerta abierta "al mantenimiento injustificado del sistema actual de licencias".
Pero finalmente, el proteccionismo catalán ha ganado la partida y el Ministerio de Comercio ha terminado por lavarse las manos en el asunto. Eso sí, la nueva ley deja claro que en caso de que Bruselas sancione a España por no cumplir la Directiva de Servicios, el Estado trasladará la multa a la comunidad autónoma que haya cometido la infracción.
