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YOLANDA Gí“MEZ | MADRID La larga experiencia profesional de Manuel Pizarro —ha presidido Ibercaja, la CECA, la Bolsa de Madrid y Endesa— convierten al ahora diputado por Madrid del PP en una de las voces más autorizadas para analizar los últimos planes del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sobre su futuro, lo tiene claro: «yo tengo mi carrera hecha fuera de la política, he venido aquí a ayudar y cuando acabe me iríé a mi casa otra vez».
— El Congreso ratifica hoy la nueva hoja de ruta del sistema financiero. ¿Cree que es lo que necesita la banca española?
— Lo primero que hay que saber es que el inicio de la crisis es un problema del sistema financiero y hasta que íéste no se sanee no habremos empezado a resolver la crisis. La primera cuestión, por tanto, es sanear el sistema financiero y eso exige un criterio claro, que está fijado en el Código de Comercio y en el Código Civil, y es que cuando las cuentas no salen, el mal gestor desaparece. Cuando hay una entidad que tiene problemas de solvencia lo que hay que hacer es intervenirla, sanearla, exigir las responsabilidades que procedan y volverla a poner en el mercado, eso es lo que hay que hacer.
— ¿Y no es eso lo que prevíé la hoja de ruta aprobada por el Gobierno?
— Lo que está previsto es que con criterios que no se explicitan alguien dirá a quiíén se le puede dar dinero público, aunque no sepamos si hay desbalance o no. ¿Cómo se puede prever un desbalance sin intervención y sin exigir responsabilidades? Llamar fusión a una situación de desbalance es jugar con la logomaquia que tanto le gusta a este Gobierno. Estamos cambiando el nombre de las cosas para no intervenir. Cuando una entidad va mal el Banco de España, al que todos los españoles estamos pagando por ello, debe anticipar las crisis.
— Pero para eso no es necesario cambiar la ley. El Banco de España ya puede intervenir.
— Lo único que hay que hacer es darle al Banco de España los medios necesarios para que pueda cumplir su función. Todo lo demás son formas de tapar la mala gestión y si se da dinero público a un mal gestor lo único que se hace es prolongar la crisis.
— ¿Cuál debería ser el papel de las comunidades en el proceso?
— La Constitución del año 1978 en el artículo 148 determina las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas a travíés de sus estatutos y el 149 regula las competencias exclusivas del Estado, entre ellas el derecho mercantil y el civil. Y en los problemas del sistema financiero estamos hablando de derecho mercantil, una competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, como el año 1978 las cajas no podían salir de su ámbito territorial, se les dan a las comunidades autónomas competencias de desarrollo legislativo y de ejecución. Eso significa que tienen una facultad, que tambiíén es una obligación, de regulación, de supervisión y, a veces, nombra hasta los gestores.
— Las autonomías tienen, entonces, derecho a controlar las cajas
— Cuando un ente público tiene una facultad, tiene tambiíén la obligación de ejercitarla. Y algunas comunidades se han convertido en parte del problema. Y tan pronto como se interviene una entidad, en base al artículo 1902 del Código Civil, habría que exigir responsabilidades a las autonomías. Las comunidades pueden ser parte del problema por no haber legislado, supervisado y gestionado adecuadamente.
— ¿No habría que evitar que la legislación, supervisión y gestión de las cajas estuviera en las mismas manos?
— No tiene sentido que estíén concentradas todas estas competencias en unas mismas manos, pero lo están, y si las comunidades han sido parte del problema, y encima no quieren poner el dinero que falta para sanear las entidades, lo que no pueden encima es participar en la solución.
— Pero las comunidades insisten en mantener su derecho de veto sobre las fusiones.
— Lo que habría que hacer no es cuestionar el derecho de veto de las comunidades, sino exigir responsabilidades a los que por falta «in diligendo» o «in vigilando» no ejercitaron las obligaciones que ellos mismos se habían impuesto en su propia legislación. De eso es de lo que hay que hablar.
— ¿Quíé hacemos entonces cuando una entidad tiene problemas?
— El ejemplo lo tenemos en el «caso Banesto». El Banco de España interviene, sanea, exige las responsabilidades pertinentes y luego subasta.
— En la hoja de ruta que ha diseñado el Gobierno tambiíén se prevíé la intervención del Banco de España y la destitución de los gestores cuando ya se recurre a la ayuda pública del Fondo de Reestructuración.
— En la norma aprobada por el Gobierno lo que se dice es que cuando alguien piense que puede necesitar para fusionarse dinero público que lo pida que se lo daremos. Estamos enmascarando una quiebra con una fusión. Y las fusiones son una cosa y los desbalances otra, y si hay desbalances el Banco de España debe intervenir, que para eso está. Y si tiene que aplicar dinero público para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos, y si hay que reforzarlo, se refuerza. Hay que exigir responsabilidad a quienes han tenido culpa, y es posible que nos encontremos a alguna comunidad autónoma. Y cuando la entidad no ha cumplido su actividad de vigilancia e incluso ha elegido a los gestores que han provocado el quebranto, tendría que responder económicamente de lo que ha pasado. Si esa comunidad autónoma en ese momento no pone dinero para cubrir el desbalance que hicieron los malos gestores que ella mismo puso, esa entidad ya no pinta nada, porque ni legisló adecuadamente, ni supervisó adecuadamente y en algún caso hasta eligió a los señores que han producido la necesidad de poner ahora dinero público.
— Es muy crítico con las comunidades
— Con algunas comunidades. De lo que estamos hablando es de poner dinero público no para carreteras, sanidad o educación, sino para tapar el agujero que ha producido una mala gestión financiera. Y ahí lo que hay que mirar es cuál es la causa por la que hay que poner ese dinero público, cuánto se pone, a quiíén se da y quíé responsabilidades se exigen.
— ¿Y quíé cambiaría del nuevo fondo de reestructuración?
— En la regulación del FROB echo en falta la posición del Tribunal de Cuentas. Tapar una posible situación de crisis bancaria con una fusión lo que hace es echar un manto de silencio sobre una mala gestión. Y cuando se olvidan las raíces de los problemas, a veces se crea un problema mayor que el que había. Con el manejo de los fondos públicos hay que tener mucho cuidado. Lo que no se puede es que sigan teniendo facultad de veto las comunidades que tenían obligación de evitar la crisis. No pueden exigir nada, al revíés, a ellas se les deberían exigir responsabilidades.
— Pero aquí a las comunidades se les permite todo.
— Una sociedad madura debería reaccionar. Lo malo es que no haya una sanción social contra el mal comportamiento mercantil.«Estamos discriminando a los españoles en función de dónde viven»
La negociación para reformar el sistema de financiación autonómica se complica cada vez más ¿Quíé salida le ve?
— El sistema que establece la Constitución es dual y consiste en que Navarra y País Vasco tienen un sistema concertado y el resto de las comunidades autónomas se rigen por el sistema LOFCA. Es lo que en ese momento quisieron todos. El primer problema que yo veo es que es muy malo que el Estado recaude y los demás gasten, porque de esto modo a las comunidades todo lo que les den les parecerá poco.
— Eso es lo que está ocurriendo.
— Sí, pero además está el Estatuto de Cataluña, en el que se establece un sistema paccionado para Cataluña y por tanto similar al sistema que hay para el País Vasco y Navarra. Y si se pacta con alguien del sistema LOFCA al margen de los demás, por vía indirecta está afectando a todos, ese es el celebre sudoku que no tiene solución.
— Y el Estatuto está recurrido al Constitucional.
— Lo que uno no entiende es cómo una ley tan importante puede estar tres años en el Constitucional porque la Justicia tardía no es Justicia y se se están dando ya pasos de no retorno. La gente tiene que saber que las cosas cuestan todas mucho dinero y que se está haciendo algo que es inviable económicamente.
— ¿Es, por tanto, un problema de dinero?
— No es sólo un problema de dinero, es un problema constitucional. Se está agudizando la disfunción del Estado. Yo pido al legislador que promulgue la igualdad de todos los españoles, nazcan donde nazcan. Lo que estamos haciendo es discriminar a los españoles en función de donde viven, y condenar a algunos ciudadanos a ser españoles de segunda categoría.
El ciere de Garoña, «un capricho del Gobierno que pagaremos todos en el recibo de la luz»
— El Gobierno ha aprobado el cierre de Garoña en 2013. ¿Cómo valora esta decisión?
— En este asunto lo que hay que tener muy claro es que estamos cambiando una tecnología que genera energía a 30 euros/megavatio y la estamos sustituyendo por otra que es gas natural, que la genera a 50 ó 60 euros; o por energía eólica, cuya generación cuesta 90 euros, o la fotovoltaica que es a 400 euros por megavatio. Eso es lo que tienen que saber los españoles. Cada vez que sustituimos una tarifa por otra mucho más cara lo que estamos haciendo es meterle la mano al bolsillo a todo el mundo que consume energía.
— A travíés del recibo de la luz.
— Sí, y eso es lo que hay que explicar. Y otra cosa sorprendente es que se quiera decir por ley cuando una central puede funcionar o no.
— ¿Es una decisión sin posibilidad de marcha atrás?
— Eso lo tienen que decir los tíécnicos. Lo grave no es si es reversible o no, lo grave es que el Gobierno está jugando con el dinero de los españoles. Todavía estamos pagando en el recibo de la luz dos centrales que no han llegado a funcionar nunca que son Lemóniz y Valdecaballeros.
— ¿Usted sería partidario de apostar por la energía nuclear como han hecho otros países?
— Eso es un debate político. Un país tiene que tener energía suficiente, de calidad para que no haya apagones, lo más barata posible y respetuosa con el medio ambiente.
— Deduzco por sus palabras que entiende que el cierre de Garoña es un capricho político.
— Es un capricho del Gobierno que pagaremos todos en el recibo de la luz. Yo entiendo que la gente tenga caprichos, pero si van con cargo al bolsillo de los demás hay que decirlo y explicitarlo muy bien
