Vigencia de las Unidades Monetarias Peruanas
SOL DE ORO: Unidad monetaria que entró en vigencia a partir de abril de 1931 ( D.L. No. 7126) y tuvo vigencia hasta enero de 1985
INTI: Unidad monetaria que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 1985 de acuerdo con la Ley No. 24064, de fecha 12 de enero de 1985. Fue divisible en 100 cíéntimos.
A partir del 1 de enero de 1986, se estableció como unidad de cuenta en la contabilidad de las empresas públicas y privadas.
En mayo de 1985 fueron puestos en circulación las primeras monedas expresadas en Intis, mientras que los primeros billetes fueron puestos en circulación en diciembre de ese mismo año. La vigencia del Inti como unidad monetaria fue hasta el 30 de junio de 1991 (6 años).
INTI MILLON ( I/.m. ): Unidad de cuenta que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1991, de acuerdo al D.S. No. 326-90-EF publicado el 16 de diciembre de 1990
Tanto los precios cuanto los registros contables fueron expresados en millones de Intis con decimales; por ejemplo:
I/. 12 453 734 = I/.m. 12,45
Dicha unidad de cuenta estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1991
NUEVO SOL: Unidad monetaria que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 1991 de acuerdo con lo establecido en la ley No. 25295 publicada el 3 de enero de 1991. Es divisible en 100 cíéntimos con una equivalencia de:
I/. 1 000 000,00 = I/.m. 1,00 = S/. 1,00
Las primeras monedas expresadas en Nuevos Soles fueron puestas en circulación a partir del 1 de octubre de 1991 y los primeros billetes el 13 de noviembre de 1991.
Actualmente es la unidad monetaria en vigencia.
El equipo económico de García -presidido por Gustavo Saberbein- intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Díéficit cero a travíés de aumentos fuertísimos de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, sólo accedió a un camino medio sin resolver el problema de fondo: Un Estado en bancarrota (díéficit fiscal) y una economía que importaba más de lo que exportaba (díéficit comercial).
Los resultados están en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación de Alan García. Fue reciíén hacia fines de 1988 que García se convenció de la necesidad de una "guerra frontal" contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shock económico, el seis de septiembre de 1988.
El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importadas. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacíéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos.
Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo conversaciones, el Perú no llegó a recibir príéstamos. Ello se debió, tambiíén, a que el Perú aún adeudaba 600 millones de dólares al FMI y 400 millones al Banco Mundial.
A partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. Y el shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación.
Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el díéficit comercial. Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero.
El 22 de noviembre de 1988, García lanzo otro "paquete" con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García.
El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de proporciones nunca antes vistas. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia.
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