Por... Rodrigo Botero Montoya
La validez de los contratos es un concepto que hace parte esencial de la economía de mercado y del Estado de Derecho. Sería inconcebible el funcionamiento de una economía moderna en la ausencia de acuerdos contractuales estables que permiten hacer transacciones de largo plazo de manera predecible y obligatoria. Estos instrumentos legales no se requieren para la compra de un tapete en un bazar. En ese caso, la transacción es instantánea y consiste en el intercambio por una sola vez de un bien por una suma de dinero. La transacción no conlleva pagos diferidos en el tiempo, ni garantías de cumplimiento. Proyectos de inversión de cierta envergadura en una economía de mercado no se prestan para transacciones de esa naturaleza. Requieren estudios de viabilidad, diseños de obras civiles y edificaciones, especificaciones detalladas de maquinaria, compra e instalación de equipos, y obtención de críédito de largo plazo. Cada uno de estos pasos implica la suscripción de un contrato, cuyo cumplimiento estíé respaldado por el ríégimen legal vigente.
Actividades importantes de la economía contemporánea tales como la banca, los seguros, la industria de la construcción, los negocios de propiedad raíz, el críédito de consumo y el comercio exterior dependen de contratos confiables. El Estado protege el cumplimiento de los contratos por razones similares a las que recomiendan garantizar el derecho de propiedad.
Los gobiernos que violan los contratos suscritos con particulares o con otros gobiernos incurren en costos elevados, así obtengan en el corto plazo algún beneficio temporal. El gobierno argentino, por ejemplo, estatizó los ahorros de jubilación de sus ciudadanos para hacerse a una fuente de recursos. Así mismo, la manipulación de las estadísticas oficiales de costo de vida para reducir las erogaciones por intereses de bonos indexados a la inflación y ajustes a las pensiones produce un alivio fiscal, pero constituye un default tíécnico. El costo de esta maniobra financiera es la píérdida de acceso a los mercados internacionales de críédito y la fuga de capitales. Algo similar le ha sucedido al gobierno ecuatoriano, luego de anunciar la cesación de pago de parte de la deuda externa contraída por gobiernos anteriores, calificada como ilegítima.
Así como el comportamiento honorable es una estrategia personal inteligente, para un país, establecer la reputación de cumplimiento estricto de los compromisos contractuales coincide con el interíés nacional en su sentido más amplio. El respeto a los contratos es parte esencial de la tradición jurídica colombiana. Esa tradición inspira tanto el ordenamiento interno como la política internacional del país.
El principio Pacta sunt servanda, los acuerdos deben cumplirse, ha sido invocado por distintos gobiernos como argumento legal para sustentar la soberanía nacional sobre San Andríés y Providencia. Colombia defiende su integridad territorial en el archipiíélago en base a la existencia de tratados vigentes.
Esta tradición explica porquíé Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos que se abstuvo de suspender el servicio de su deuda externa en los años ochenta. Tambiíén pone en contexto la negativa colombiana de apoyar la decisión de la dictadura militar argentina de invadir a las Islas Malvinas.
Honrar los contratos es una política de Estado, algo que no debe confundirse con la voluntad de determinado gobierno o la decisión personal del mandatario de turno. Los economistas han criticado el esquema de zonas francas uni-empresariales con contratos de estabilidad tributaria por considerarlo un adefesio fiscal que compromete la estabilidad macroeconómica. No proponen el incumplimiento de esos contratos. Por el contrario, los entienden como costos incurridos. Pero consideran irresponsable seguir suscribiendo acuerdos de esa naturaleza al tiempo que se anuncia una elevación de impuestos.
