Los accionistas españoles empiezan a huir de Eiffage
Nadie se pronuncia oficialmente sobre el resultado final del conflicto que enfrenta a Sacyr Vallehermoso con la dirección de Eiffage desde hace dos años. Las acciones de la compañía española suben un 2,5%.
Pero las últimas novedades en torno a los movimientos en el accionariado de la constructora gala, en la que el grupo español es el primer accionista con el 33,3%, y la aparición de un grupo de inversores institucionales franceses dispuestos a hacerse con esta participación (Caisse des Díépí´ts et Consignations (CDC) y las aseguradoras Axa, CNP, y AGF) han puesto patas arriba los argumentos conspiratorios denunciados en París. Tambiíén podrían anticipar el final de la aventura gala de Sacyr.
Uno de los principales damnificados de esta historia es la AMF. El supervisor de la bolsa de París fue el que destapó la caja de los truenos cuando, en junio del año pasado, paralizó la oferta en acciones del grupo español sobre el 100% de Eiffage al detectar concertación con, al menos, seis accionistas minoritarios españoles: Acciones Reunidas, Efapa, Arcomundo, Inmobiliaria Vano, Portman Golf y Bens Patricios. Entre los seis controlaban algo más del 5% del capital de Eiffage.
Expectativas incumplidas
Según fuentes de la Aemec, la asociación española que representa los intereses de estos inversores minoritarios en Francia, la mayoría han vendido, con plusvalías, todo o parte de sus acciones, que adquirieron entre 2006 y 2007 a un precio medio de 80 euros, como adelantó ayer Expansión.com. Ayer, Eiffage cotizaba algo por encima de los 60 euros por título.
Según las fuentes jurídicas próximas al conflicto judicial, este hecho pone en tela de juicio el fondo de la resolución de la AMF, ya que demuestra que estas sociedades españoles entraron en Eiffage con vocación exclusivamente financiera, en contra de lo defendido por Jean Francois Roverato, la AMF y el ministerio fiscal. Las órdenes de venta se produjeron cuando la acción comenzó a caer por debajo de los 100 euros en julio de 2007.
No son los únicos accionistas españoles que han perdido la confianza en la capacidad de Eiffage para generar valor. El Grupo Rayet, que controla el 4,2%, tambiíén se ha situado en posición vendedora tras un agotador enfrentamiento, de año y medio de duración, con la cúpula de la francesa. La compañía que preside Fíélix Abánades, concentrada en su nuevo proyecto inmobiliario (Afirma: la fusión de Astroc, Landscape y Rayet inmobiliaria) podría desprenderse de estos títulos en cualquier momento, aunque a costa de perder dinero, ya que compró por encima de los 90 euros por acción.
Gecina ha sido otro de los inversores españoles que ha huido de este foco de conflictos con escasa rentabilidad. La inmobiliaria de Joaquín Rivero, que llegó a adquirir más del 2,5% de la constructora francesa, tambiíén fue investigada por la AMF y su nombre y movimientos aparecieron en la resolución del supervisor bursátil.
La salida de los inversores minoritarios españoles podría anticipar el último movimiento de Sacyr en Eiffage. La constructora española mantiene la confianza en la justicia francesa, donde tiene dos causas vistas para sentencia: en el Tribunal de Comercio de Nanterre (contra la decisión de la asamblea general de Eiffage) y en la Corte de Apelación de París (contra la resolución de la AMF).
La intervención política podría poner remedio al conflicto antes de que los jueces se pronuncien. Pero la oferta dineraria realizada por el consorcio de entidades francesas, encabezados por la CDC, plantea algunas dudas legales. Para empezar, la adquisición del 33,3% de Sacyr obligaría al bloque de accionistas francíés a lanzar una opa por el 100% de Eiffage al sobrepasar el umbral que marca la legislación gala.
Por otro lado, no está claro que la venta exima a Sacyr de sus responsabilidades anteriores y tenga que lanzar una opa en metálico en el caso de que los tribunales no le den la razón. Algunas fuentes jurídicas opinan que sí, ya que la fiscalía francesa ha reconocido que la resolución de la AMF no tiene carácter definitivo.
En Francia existen precedentes sobre este asunto. En 1998, la empresa Olipar fue obligada a lanzar una opa sobre Lucia tras haber superado el límite del 33,3%. Al no disponer de medios, la condena quedó reducida a la suspensión de los derechos políticos durante un determinado plazo de tiempo.
