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Madrid.- Entre las medidas que estudia el Gobierno, se encuentra el Anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que se traspondrá a la normativa europea.
Con esta nueva medida se refuerza la independencia de las firmas de auditoría respecto a sus clientes, además de apuntalar el sistema público de supervisión y el control de calidad, a la vez que se tendrá que aclarar el ríégimen de responsabilidades de los profesionales en relación a las empresas que auditen.
El anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, establece la obligación del auditor o la firma de auditoría de promover a nivel interno medidas de control para detectar, evaluar y, en su caso, eliminar los factores que comprometan la independencia de la auditoría respecto a los clientes a los a los que presta servicio.
En este sentido, se hará referencia a las relaciones empresariales y a la participación en la contratación de altos directivos. Por lo que tambiíén se tendrá que aclarar el tipo de servicio de abogacía utilizado, además de la existencia de relaciones familiares con determinados cargos de la entidad.
La supervisión pública irá a cargo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que asumirá en exclusiva las competencias de control de calidad de estas entidades, que incluirán la inspección y revisión periódica de los auditores y sociedades de auditoría.
