Se mire por donde se mire, en España hay un creciente pasotismo por la formación de los trabajadores y, lo que parece más chocante, por la de los parados.
Según el Consejo Económico y Social (CES), el país dedica cada año más del 1,4% del PIB para pagar subsidios de desempleo y jubilaciones anticipadas (políticas pasivas), frente al 0,6% que invierte en reciclar una mano de obra cada vez más alejada de las necesidades del mercado de trabajo (políticas activas).
El balance es cuanto menos sorprendente, ya que la tasa de paro española "del 18,1%" dobla la de la media europea. La gravedad de la crisis ha forzado la dotación extra de 17.000 millones a los Servicios Públicos de Empleo para poder garantizar las prestaciones , un esfuerzo millonario sin precedentes.
Lo que llama la atención a las fuentes próximas al antiguo Inem es que, en este contexto, "las políticas activas son especialmente raquíticas", en relación con la población sin trabajo (más de cuatro millones de personas).
La OCDE traslada las cifras a este desequilibrio. Mientras la media de los programas de formación impulsados en España por parado alcanzaron en los dos últimos años el 16,7% del PIB per cápita, en Irlanda la cifra llegó al 67%; al 31%, en Francia y al 32,8%, en la media de los países desarrollados.
En general, la inmensa mayoría de los europeos que ya han metido su cabeza en el mercado laboral no ve en los cursos de reciclaje profesional una prioridad. Aún sí, el año pasado, según Eurostat, el 35% sí asistió a un curso formativo, cinco puntos por encima que en la arena nacional.
Pero donde de verdad ven un problema los analistas es en el abultado grupo de personas atascado en el desempleo. La razón es doble. Por un lado, tal y como recoge la estadística de Trabajo, el 40% de quienes se alistan en el Inem tiene una probabilidad "baja" o "muy baja" de encontrar un trabajo. A esto hay que añadir que, con el fin del boom inmobiliario "el sector estrella para la creación de puestos de trabajo hasta ahora" y una economía literalmente estancada, cerca de 700.000 parados lleva más de un año buscando empleo, casi un 50% más que en 2008.
Pese a este escenario, hoy por hoy, tan sólo 628.000 desempleados reciben algún tipo de formación, es decir, un escueto 15,7%. Los analistas de Ceprede (Universidad Autónoma), en un informe realizado conjuntamente con la patronal de las agencias de empleo (Agett), destacan que "en menos de tres años el porcentaje de desempleados que recibe formación se ha reducido en siete puntos porcentuales".
Para más inri, y en contra de la bandera ondeada por el Ejecutivo durante estos meses, el director del Inem aclaró la pasada semana que el nuevo subsidio de 420 euros "el denominado cheque parado" no estará "ni mayoritariamente ni exclusivamente" ligado a la formación. Tras este dardo, ni el ministro de Trabajo ni la responsable de Empleo han salido a escena para aclarar este extremo.
Lo urgente es lo que le preocupa ahora al Gobierno
Al Ejecutivo le han sobrevenido dos nuevos problemas laborales en mitad del descanso estival. El Gobierno analiza hoy con las comunidades el nuevo subsidio de 420 euros. Poco o nada ha trascendido sobre la posibilidad de ampliar la ayuda a quienes hayan agotado su prestación antes del 1 de agosto, si bien los socialistas advirtieron ayer de que ampliar la paga supondría duplicar el presupuesto (fijado en 643 millones).
Otro de los frentes calientes es la posible congelación de los salarios de los funcionarios. La Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT) rechazó ayer la medida, máxime cuando en los últimos años los altos cargos han conseguido ventajosas subidas retributivas. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) tambiíén se unió a las críticas.
