Por... Lorena Figueroa
Las pláticas sobre una reforma a las leyes de inmigración este año han propiciado el surgimiento de notarios públicos, agrupaciones y personas que se ostentan como asesores migratorios locales para engañar a la comunidad inmigrante.
De hecho, algunos organismos civiles locales ya han tenido quejas de indocumentados que han sido víctimas de estos charlatanes, quienes llegan a cobrar entre 2 mil y 3 mil dólares a cambio de “arreglarles papelesâ€.
La directora de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, Ileana Holguín, dijo que este es un problema que lleva años pero resurge con más intensidad cuando se habla de una posible legalización.
“De pronto notarios públicos o personas sin escrúpulos les prometen a los inmigrantes que van a tener un beneficio, ya sea para ellos o para sus familiasâ€, dijo.
La abogada en inmigración manifestó que, en este año, la organización civil ya tiene conocimiento de varios casos de este tipo, en los que estafadores les prometen a los inmigrantes ‘arreglarles’ a travíés de la reforma migratoria, a pesar de que ni siquiera se ha discutido en el Congreso.
No especificó, sin embargo, cuántos se han registrado en este 2009.
Pero hace tres años, la asociación sin fines de lucro detectó cuatro casos de engaño por parte de notarios y supuestos asesores migratorios en el lapso de un mes.
En ese tiempo el Senado había aprobado un proyecto de ley que buscaba un mayor control fronterizo y una alternativa para que millones de indocumentados regularizaran su situación, así como la creación de un programa de trabajadores huíéspedes.
Pero, esa propuesta fue rechazada, descartando cualquier oportunidad de legalización.
Holguín manifestó que, así como hoy, entre la comunidad inmigrante hubo en ese entonces confusión y desinformación, luego de que se diera a conocer esas iniciativas. Esta situación la han aprovechado los charlatanes para defraudar a las personas.
La Red Fronteriza a Favor de los Derechos Humanos tambiíén está preocupada, sobre todo, de organizaciones que se formaron apenas hace unos meses y han comenzado a promoverse en la comunidad inmigrante, dijo su director Fernando García.
“Hemos tenido personas que nos han dicho que tuvieron que darle dinero a estas organizaciones como requisito para que inicien su legalización, cuando ni hay manera de hacerloâ€, mencionó.
Holguín dijo que las víctimas de charlatanes llegan a pagar entre 2 y 3 mil dólares, en base a casos que los servicios diocesanos ha registrado en el pasado. La portavoz de la Procuraduría General de Texas, Teresa Farfán, no tuvo disponibles inmediatamente los casos de engaño por parte de notarios públicos y otros estafadores en este 2009.
Pero aseguró que desde el 2002 se han iniciado procesos judiciales a más de 60 de ellos y clausurado los negocios a, por lo menos, la mitad en ellos, incluyendo a más de siete en El Paso.
Reconoció que estas cifran no reflejan la problemática real ya que, por lo general, las víctimas no denuncian.
“No lo hacen por miedo a que vayan a ser detenidos ellos mismos y deportadosâ€, dijo Farfán.
La vocera de la oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), María Elena García-Upson, dijo por su parte que es “difícil†cuántas personas caen en manos de los estafadores, precisamente por su estatus migratorio.
No obstante, agregó, que tanto la dependencia federal como la procuraduría estatal trabajan juntas para “llevar el mensaje†a la población inmigrante para que no se dejen engañar por quienes se hacen pasar como asesores migratorios, cuando no lo son.
“El mejor consejo es que, si se ve muy bueno, alejarse inmediatamente y mejor buscar asesoría en la oficina de USCIS, la Asociación Americana de Abogados en Inmigración o en organizaciones comunitarias de buena reputaciónâ€, dijo García-Upson.
Farfán recordó a los fronterizos que un notario público en Estados Unidos no funge las mismas funciones que uno en Míéxico. La única función que tienen aquí es de atestiguar la firma de documentos legales ya que carecen del conocimiento de cualquier tipo de ley penal, civil y migratoria.
En Texas sólo abogados con licencia para ejercer derecho y organizaciones sin fin de lucro acreditadas por la Mesa de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia estadounidense pueden cobrar honorarios por asesorar y representar a clientes en procesos migratorios, de acuerdo con informes de la Procuraduría General del estado.
De lo contrario, violan la Ley de Texas contra prácticas empresariales engañosas y el Código Gubernamental texano.
