elmundo.es/Francisco Núñez | Javier Gallego
Madr.- La tributación de los ricos, los de verdad, y no las rentas altas con las que se confunde el ministro de Fomento, Josíé Blanco, siempre ha gozado de cierta laxitud fiscal. Y los partidos políticos han colaborado.
Los millonarios españoles han gozado de ventajas fiscales desde 1985, cuando Felipe González diseñó este vehículo de inversión para evitar la fuga de dinero.
En los últimos cinco años, las 3.369 Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (Sicav), que gozan hasta ahora de una ventajosa tributación del 1%, pagaron 56,6 millones de euros por el Impuesto de Sociedades despuíés de haber obtenido 8.068,6 millones de beneficios y de acumular un patrimonio medio por encima de los 26.000 millones.
Sólo en 2008, en plena crisis, obtuvieron unas ganancias de 190 millones (datos del tercer trimestre), por los que pagaron 1,7 millones. Mientras tanto, tambiíén en este año, las rentas de trabajo, que aglutinan el 80% del IRPF y que soportan un tipo de hasta el 43%, aportaron a las arcas públicas 71.341 millones. Las sociedades, por su parte, con una tributación entre el 25% y el 30%, abonaron 27.301 millones, mientras que los impuestos sobre el consumo -IVA y especiales- alcanzaron los 67.591 millones.
Las Sicav fueron un invento del primer Gobierno de Felipe González (la primera, Consulbic, data de 1985 y sigue domiciliada en Bilbao). Su autor fue el ministro de Economía y Hacienda de entonces, Miguel Boyer, con la pretensión de que los ricos contribuyeran a las arcas públicas al menos con alguna aportación, por exigua que fuera, ante la posibilidad de que buscaran otros refugios en el exterior. Es decir, lo mismo que dijo hace unas semanas la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
De Boyer fue tambiíén la idea de crear unos pagaríés opacos al portador (se les llamó afros) para que las clases más acomodadas, y ante la necesidad del Estado de mayores ingresos, pudieran blanquear con toda impunidad. Despuíés, fue Solchaga quien regularizó este dinero negro en 1992 con otra amnistía fiscal a cambio de un leve peaje económico.
El PP quiso reformar la tributación de las Sicav en 2003. Pretendió establecer un tributo del 35% (el de Sociedades) para las compañías en las que un mismo accionista concentrara un 25% del capital (en aquel momento sucedía en 2.500 de las 3.000 Sicav existentes). Pero dio marcha atrás.