Las principales empresas públicas sufrirán en el año 2010 su segundo ejercicio consecutivo de recortes en concepto de subvenciones públicas, según se desprende del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, presentado ayer por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.
Las dos docenas de compañías públicas más representativas (entre sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales) recibirán el próximo año cerca de 3.500 millones de euros en concepto de subvenciones a la explotación, subvenciones de capital y aportaciones de capital procedentes del erario público.
Esta cifra representa un descenso del 13% con respecto a la asignación contemplada en el proyecto de presupuestos del año 2009, que, a su vez, ya significó una caída del 26% en relación a 2008, ejercicio en el que estas compañías recibieron 5.383 millones de euros.
Subvención per cápita
Si se dividiera el importe de las ayudas entre los 45 millones de españoles, el coste per cápita por cada español se elevaría a 77,5 euros, 2,5 euros menos que el pasado año. No obstante, todas estas subvenciones públicas no proceden únicamente de la Administración central del Estado, sino tambiíén de las administraciones autonómicas, otros organismos públicos y la Unión Europea.
Por ejemplo, la mitad de lo que recibirá Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, en concepto de subvenciones (1.399 millones de euros en total) procederá de Bruselas. En el caso de Puertos del Estado, 296 millones de los 339 millones de euros que tiene asignados como ayudas públicas serán aportados por la Unión Europea en subvenciones de capital.
Como novedad, hay que destacar el carácter mixto de la partida de ayudas asignada a la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). De los 1.176 millones de aportaciones que recibirá el ente público, más de 590 millones, la mitad del total, son financiadas por el sector privado. Con la nueva ley de financiación del ente público, se destina a este fin el 80% de la tasa de uso del espacio radioelíéctrico, que ya pagan las operadoras móviles, hasta un máximo de 330 millones de euros.
Además, las cadenas privadas destinarán el 3% de sus ingresos brutos anuales a financiar TVE, porcentaje que baja al 1,5% para las plataformas de televisión de pago. En el caso de las operadoras de telecomunicaciones, la aportación alcanza el 0,9% de sus ingresos.
Píérdidas generalizadas
Las previsiones del Gobierno respecto a la cuenta de resultados de las compañías públicas refleja un deterioro casi generalizado con respecto a este año. Renfe perderá 783 millones de euros en 2010, triplicando los números rojos previstos para 2009 (276 millones de euros), como consecuencia de una drástica rebaja en concepto de subvenciones a la explotación, que caen de 530 millones a 41 millones de euros.
Las píérdidas de Aena, el gestor de la red de aeropuertos, ascenderán a 421 millones de euros (387 millones en 2009) y las de Adif serán de 140 millones de euros, frente a los números rojos de 111 millones en 2009.
En los dos últimos casos, siguen pesando los elevados gastos financieros asociados a las inversiones en infraestructuras realizadas en los últimos años por ambos organismos, Correos, por su parte, sufrirá unas píérdidas de 150 millones de euros, casi el triple que en 2009.
En el lado opuesto, figura la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que pasará de unas píérdidas de 155 millones en 2009 a unos beneficios de 288 millones de euros en 2010. El hólding público prevíé embolsarse 366 millones en concepto de enajenación de instrumentos financieros, con lo que su resultado financiero pasará de 38 millones de euros a 354 millones.
Paradores Nacionales, la cadena hotelera gestionada por el Estado, prevíé entrar en beneficios el próximo año, tras perder 11,2 millones de euros en 2009.
Fomento autoriza una subida de peajes
El Ministerio de Fomento ha lanzado, a travíés de la ley de presupuestos, un salvavidas para todas las sociedades concesionarias de Madrid (las cuatro radiales, Eje Aeropuerto y Madrid-Toledo) y Cartagena-Vera, en riesgo de quiebra por sus problemas de tráfico y por las indemnizaciones asociadas a las sentencias del Supremo sobre expropiaciones de suelo, una partida que podría ascender a 2.000 millones de euros.
Fomento ha establecido, como en las autovías de primera generación, un sistema compensación basado en críéditos participativos (euribor más 150 puntos básicos) que permitirá a las concesionarias negociar con más facilidad con su banca acreedora. Además, Fomento ha abierto la puerta a un aumento de los plazos de explotación de las autopistas y, lo más importante, a incrementar el precio de los peajes para compensar los sobrecostes por expropiaciones.
