Elpais.com/LARA OTERO - Madrid - 29/09/2009
El conflicto por los enormes sobrecostes en las expropiaciones de terrenos para construir autopistas está a punto de resolverse. Fuentes del Ministerio de Fomento y del sector dan por hecho que en la Ley de Presupuestos de 2010 se introducirán unos 1.300 millones de euros en críéditos participativos que el Estado concederá a las empresas, entre las que se encuentran filiales de algunas de las grandes constructoras y concesionarias de España, como Abertis o Ferrovial. Esos críéditos participativos no computan en el díéficit público al ser una inversión que en principio se recuperará en el futuro.
El ICO ultima críéditos blandos para las aerolíneas en apuros
El problema surge por la valoración de los terrenos, inicialmente prevista en unos 300 millones de euros, pero que los tribunales han puesto un precio mucho mayor en aplicación de la Ley del Suelo de 1998. La deuda acumulada por las concesionarias de las autopistas de peaje construidas en la última díécada (las cuatro radiales de Madrid, Madrid-Toledo, Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera) asciende a unos 1.900 millones. Las entidades financieras apremian a que se paguen los críéditos, que en algunos casos erosionan gravemente sus cuentas, un abono aún más difícil en un contexto de caída del tráfico.
A falta de conocer la letra pequeña de esos críéditos participativos (aún no están cerrados los detalles), fuentes del sector señalan que el Gobierno exigirá que cada concesionario asuma el primer 100% de incremento de valor de los terrenos, mientras que las empresas proponen asumir el primer 20% de aumento.
Es decir, que de los 1.900 millones de deuda se descontarían los 300 previstos inicialmente y otros 300 más, de modo que los críéditos participativos a las distintas concesionarias sumarían como máximo 1.300 millones. Con la petición de las empresas, los príéstamos del Estado ascenderían a unos 240 millones más.
La solución a este conflicto es importante no sólo para salvar a las empresas atenazadas por los sobrecostes del suelo, sino como condición para involucrar a las empresas privadas en fórmulas mixtas de inversión como prevíé el Ministerio de Fomento, y cuyas estipulaciones debe establecer la ley de financiación de obra pública que el Gobierno ha prometido enviar al Congreso en octubre.
Por otro lado, el Instituto de Críédito Oficial ultima críéditos blandos para las aerolíneas en apuros, según fuentes próximas al Gobierno, que prevíén que la decisión pase por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos esta semana. Esos príéstamos han sido una petición recurrente de una parte del sector, especialmente de la Asociación Española de Compañías Aíéreas, que solicitaba una línea de 600 millones. A esa organización pertenecen algunas de las más afectadas por las dificultades financieras como Spanair y Air Comet, cuyo presidente es Gerardo Díaz Ferrán, líder de la patronal CEOE.
