La subida de impuestos anunciada el pasado sábado por el Gobierno no será la única que los ciudadanos sientan en sus carnes. Según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, el Ministerio de Hacienda tiene prevista la revisión del catastro de 1,3 millones de inmuebles urbanos, notificación que se toma como referencia por los ayuntamientos para elaborar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que constituye su base imponible. Eso sí, serán los municipios quienes finalmente decidan, ya que tienen la potestad de atenuar los efectos de ese incremento del valor catastral escalonando la subida en varios años.
En todo caso, es la previsión más baja de los últimos años. Hacienda lo justifica por “el menor número de municipios en revisión durante el ejercicioâ€. Sin embargo, en plena crisis del sector, el departamento de Elena Salgado ya vio cómo muchos ayuntamientos renunciaban al Plan de Revisión de los Valores Catastrales en 2009. La Dirección General del Catastro, que había previsto 4,3 millones de notificaciones, sólo ejecutará finalmente 2,67 millones. Parece lógico pensar que los ayuntamientos no quieran acometer –y tener que explicar a sus vecinos- una subida contundente del IBI cuando el precio de la vivienda está bajando.
Los alcaldes, sin embargo, recurren a otros argumentos. Por ejemplo, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, anunció en junio su intención de aplazar “para tiempos mejores†la revisión del catastro. La edil explicó que no aumentaría el IBI “en el peor momento de la crisis†y que prefería implementar un plan de austeridad presupuestaria. Tendrá que hacerlo; no en vano la recaudación por el IBI supone en torno al 45% del total que ingresan los municipios. Y es que, en tanto entre revisión y revisión puede pasar más de una díécada, la valoración subirá considerablemente pese a la bajada del precio de mercado de los pisos en los últimos meses.
Es el caso de Míérida, donde se acaba de revisar la ponencia general 14 años despuíés. Un escenario que provoca que el valor catastral de los inmuebles se haya incrementado en algunos casos hasta en un 100%. El valor medio del padrón es de 37.436,10 euros en 2009, mientras que la nueva ponencia lo eleva hasta 66,298,92. El incremento medio se sitúa en el 77%. Más radical es el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, que pidió recientemente al Gobierno de Josíé Luis Rodríguez Zapatero que el Impuesto de Plusvalías se pague en función del valor de mercado y no del valor catastral. 300 millones más recaudaría Madrid con ese cambio, a costa de quien venda un inmueble.
Se rompe la dinámica
La evolución de las notificaciones en 2009 rompe la dinámica de Hacienda en su esfuerzo por actualizar los valores catastrales para evitar fuertes desfases entre íéstos y el valor de mercado de los pisos. En 2008 había presupuestado 3,25 millones de notificaciones, superándose al final del ejercicio los cuatro millones. En el Catastro actualmente figuran 33,4 millones de inmuebles urbanos y 40,6 millones de inmuebles rústicos, para un total de 21 millones de titulares. El valor catastral total supera los 1,45 billones de euros.
La crisis inmobiliaria ha afectado tambiíén a la tramitación de altas y a los cambios en los datos de las fincas. De los 1,75 millones previstos en 2009, apenas se realizarán 1,5 millones. Se presupuestan para 2010 sólo 1,36 millones. “La disminución del número de tramitaciones de altas y otras alteraciones de datos físicos, así como la comprobación y tramitación de transmisiones de dominio se debe a la reducción experimentada en la actividad del sector inmobiliario durante 2009, disminución que se prevíé que continúe en 2010â€, asegura Hacienda.
En lo que respecta al catastro de bienes rústicos, para el año 2010 está prevista la renovación de los datos de 14.000 hectáreas correspondientes a trabajos en las regiones de Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca. “Con ello finalizan los trabajos de renovación del catastro rústico de todo el ámbito nacionalâ€, expone el Ministerio. La Dirección General del Catastro tambiíén prevíé potenciar la gestión electrónica, sobre todo en el caso de notarios y registradores de la propiedad, con acceso “a los datos catastrales protegidos y el envío de información sobre alteraciones catastralesâ€, así como en el cruce de datos de titularidades procedentes de la campaña de la renta.
