Los empresarios españoles empiezan a estar hartos. Acusan al Gobierno de improvisar frente a la crisis económica, de presentar unos Presupuestos que ahorran en "chorradas" y no en el gasto público -lo ha dicho Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE-, de incumplir sus compromisos de pago a las empresas, de asfixiarles con impuestos, de hacer "oídos sordos" a sus reivindicaciones mientras se alinean con los sindicatos, y de presentarles, además, como los "malos de la película" ante la opinión pública y culpabilizarles de la falta de acuerdo y de abandonar la mesa de la negociación social.
Es por eso que desde algunos sectores del empresariado, los trabajadores autónomos, las asociaciones agrarias como Asaja y algunas federaciones de pequeñas y medianas empresas -algunas integradas tambiíén en CEOE- empiezan a preparar su otoño caliente. Un otoño en el que están dispuestos a tomar la calle mediante manifestaciones, concentraciones e, incluso, algunos miembros de la cúpula de la patronal no dudan en asegurar, a título personal, que si la situación no se corrige están "dispuestos a apoyar un cierre patronal".
El pistoletazo de salida se dará el próximo día 22 de este mes, con la anunciada manifestación ante el Congreso de la Asociación Española de Promotores y Profesionales Impagados de la Construcción (Aepic). Una concentración ante el Congreso con la que ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos a la que pertenece Aepic, pretende "paralizar Madrid", en palabras del presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Esta movilización, la segunda que convoca la federación de autónomos tras el íéxito de la histórica del 25 de marzo, será continuada con otras a nivel regional y nacional si no se corrige la situación y se ve voluntad de soluciones.
Y es que las cifras no pueden ser más concluyentes. En el último año 180.000 autónomos han cerrado su negocio, la mortalidad empresarial en datos del INE ha crecido un 9,3% entre enero y agosto sobre las ya alarmantes cifras del año pasado, el 65% de las pequeñas y medianas empresas está sin liquidez como demuestran los informes de las Cámaras de Comercio y sólo las Administraciones Públicas deben 33.000 millones de euros a las pymes. Situación íésta de la morosidad que apenas se ha paliado con la línea abierta antes del verano por el Instituto de Críédito Oficial (ICO).
"La Línea ICO-Morosidad ha sido un fracaso", afirma Lorenzo Amor, quien refrenda sus palabras con los datos: sólo 400 ayuntamientos se han acogido a este instrumento para un total de 132 millones, frente a los 3.000 que habilitó el Gobierno.
