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Madrid.- ¿Recuerda las fuertes subidas del precio de los alimentos que se vivieron en 2007? La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) cree que varias asociaciones del sector realizaron recomendaciones colectivas para llevar a cabo los incrementos de precios y, por ello, les ha multado con 1,3 millones de euros.
Entre las sancionadas se encuentra la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la mayor agrupación de la industria, que deberá pagar 500.000 euros.
La decisión llega tan sólo unos días despuíés de que Competencia sancionara tambiíén a las patronales de los huevos, el pollo y el pan por la misma razón.
En la nueva multa, la Federación Española de Asociaciones del Dulce (FEAD) deberá pagar 300.000 euros; la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (Ceopan), 270.000 euros; y la Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (Aefpa), 52.000 euros.
Otras de las asociaciones sancionadas por Competencia son la Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH), la Asociación Española de Fabricantes de Chocolates y Derivados del Cacao (Chocao) y la Asociación Española de Panificación y Pastelería de Marca (PPM), que tendrán que pagar 45.000 euros de multa cada una.
Acciones concertadas
Competencia explica que estas asociaciones publicaron diversas notas de prensa en los meses de julio, agosto y septiembre de 2007 con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.
En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos. Competencia ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa.
El Consejo del organismo que preside Luis Berenguer considera que la actuación de las asociaciones debe calificarse de estrategia de recomendación colectiva ilícita según la Ley de Defensa de la Competencia.
Según la resolución del regulador, "el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la traslación de los incrementos de costes a precios finales, lo que constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precio".
Además, "la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de las otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar la difusión de los mismos, fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia".
Ante esta resolución, la Fiab ha anunciado que estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.
