El Gobierno de Estados Unidos anunciará hoy que reducirá a la mitad la remuneración de los ejecutivos de las empresas que han recibido más asistencia pública, incluidas General Motors y Bank of America.
Informará de la decisión Kenneth Feinberg, el llamado "zar de la remuneración", encargado por el Gobierno de revisar el sistema de compensación de esas compañías, en una rueda de prensa en el Departamento del Tesoro a las 17.30 GMT.
La medida fue filtrada a la prensa el miíércoles y confirmada hoy por la presidenta del comitíé del Congreso que supervisa las ayudas públicas al sector privado, Elizabeth Warren.
La decisión, según Warren, es una manera de decir a los directivos que "tienen que entender que no pueden ir de fiesta como si esto fuera 2007 (antes de la crisis). Si van a recibir dinero de los contribuyentes, eso significa que el juego tiene que cambiar'", explicó en una entrevista en la cadena de televisión CBS.
Fuentes anónimas dijeron a varios medios de prensa que el Gobierno de EE.UU. reducirá a la mitad la remuneración de 175 empleados, los mejor pagados de General Motors, Chrysler, Chrysler Financial, GMAC, Bank of America, Citigroup y American International Group (AIG).
Esas siete empresas han recibido cientos de miles de millones de dólares en fondos públicos para sobrellevar la crisis.
"Creo que el hecho de que el Gobierno haya dado tanto dinero público va a hacer pensar a esos ejecutivos antes de saltarse las instrucciones del Gobierno sobre la compensación", dijo Warren.
Los sueldos de los directivos serán cortados un 90 por ciento en media, lo que dejará a la mayoría de ellos por debajo de la línea del medio millón de dólares al año.
Además, el Gobierno limitará las ventajas añadidas de ser un alto ejecutivo de esas empresas, como el uso de aviones de la compañía para viajes personales, automóviles con chofer y pertenencia a clubes exclusivos.
Los ejecutivos recibirán parte del dinero que habrían obtenido como salario en forma de acciones que no podrán vender por cierto número de años.
El objetivo de esa medida es limitar el comportamiento cortoplacista de los directivos, pues sus ingresos dependerán de la fortuna de la empresa a medio y largo plazo.
El Gobierno achaca parte de la culpa de la crisis a apuestas arriesgadas llevadas a cabo por esos ejecutivos, que generaron altos beneficios a corto plazo, pero cargaron a las empresas con más deuda y príéstamos de mala calidad.
"Lo que tenemos que hacer es cambiar las normas básicas para alinear los incentivos de los ejecutivos con la salud a largo plazo de la compañía y al mismo tiempo la salud a largo plazo de la economía", opinó Warren.
La decisión de Feinberg no afectará a otras empresas que aceptaron menos dinero público o que ya lo han devuelto, por lo que su impacto en el sector financiero en general es cuestionable.
De hecho, si las siete compañías en cuestión pagan los fondos al Gobierno, los directivos podrán vender sus acciones antes de lo previsto.
Feinberg cuenta con el poder total de determinar la remuneración de los 25 empleados que más ganan en esas empresas, como parte del acuerdo firmado cuando el Gobierno las intervino.
