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El pasado 13 de agosto el presidente del Gobierno presidió un Consejo de Ministros cuyo asunto estrella era el análisis del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El presidente compareció para explicar que con esta ley, que debería ser consensuada por los agentes sociales, la economía española se situaría "sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente". Bajo estos argumentos, cabría esperar una norma de peso donde se integraría el conjunto de reformas necesario para hacer frente a la crisis. El objetivo era aprobar el anteproyecto el 15 de octubre, pero ahora se pospone hasta noviembre.
Nada más lejos de la realidad. Según el documento de Líneas básicas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, al que ha tenido acceso LA GACETA, la norma en elaboración no va más allá de una mera enunciación de las medidas ya conocidas a lo largo de los últimos meses.
Sin embargo, en poco más de 11 folios se recogen algunas propuestas cuanto menos originales y de elevado carácter populista como la regulación del bono transporte en el IRPF, con el propósito de fomentar el uso del transporte público en las ciudades.
A falta de un articulado concreto y donde se detallen las distintas medidas, tanto las organizaciones sindicales como los empresarios comparten el fondo, si bien expresan sus dudas respecto a las formas y sin concreción alguna. Desde la patronal CEOE se considera que se trata de un conjunto de medidas programáticas que en ningún caso contemplan la adopción de las reformas estructurales necesarias para la superación de la crisis económica.
El principal objetivo de este anteproyecto de ley es incluir todas aquellas medidas que contribuyan a implantar "de la forma más rápida, viable y consolidada" un nuevo modelo productivo. En otras palabras, se trata de una vieja aspiración íntimamente ligada al parón de la construcción y el consumo. El objetivo es que la economía recupere un crecimiento sustentado ya en el sector exterior y la inversión empresarial, en lugar del caduco crecimiento apoyado en el consumo y en el sector del ladrillo. Con el fin de reforzar la calidad del marco regulatorio en algunos sectores estratíégicos, se contempla poner en marcha una reforma de los organismos reguladores a travíés de la futura Ley de Reforma de Organismos Reguladores Sectoriales.
Energías renovables
Además se potenciará la cooperación entre los distintos Organismos Reguladores Sectoriales y la Comisión Nacional de Competencia.
Otro de los proyectos ya conocidos y que se introduce bajo el paraguas de la sostenibilidad es la reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario, en la línea de difundir su información por medios telemáticos, con lo que se agilizarían plazos y procedimientos de comunicación con Notarios y Registradores de la propiedad, potenciando la integración de la información del catastro con la del registro inmobiliario.
Otro de los ejes sobre los que se sustenta esta enumeración de objetivos es el uso de las energías alternativas. El objetivo nacional es que en 2020 el 20% del consumo energíético sea de origen renovable.
El sector del transporte será objeto de una atención específica. Se establecen objetivos de mejora del ahorro y eficiencia energíética, fijándose una cuota de renovables del 10%.
Precisamente y según fuentes del sector, no se descarta que el Gobierno ponga en marcha un equivalente al Plan Vive para la compra de coches, pero referidos a la adquisición de vehículos industriales, algo en lo que ya está trabajando el Ministerio de Fomento. Con ello se animaría un mercado que en los últimos meses viene registrando una fuerte caída de sus ventas. De enero a agosto, la venta de vehículos industriales se ha desplomado un 70%, situando el mercado en mínimos históricos. Al mismo tiempo que se reactivaría el sector, se incentivaría la compra de vehículos con motores más eficientes y menos contaminantes.
Educación
Otro de los fiascos que encontramos en el documento del Gobierno es el de la reforma del sistema educativo. Sin contemplar reformas novedosas, enuncia un conjunto de principios generales en el que los más comunes de los mortales estarían de acuerdo, pero que sin embargo no servirían para solucionar el grave problema educativo que vive en la actualidad España. Reforzar el sistema de Formación Profesional para adaptarlo a las necesidades de la empresa es algo necesario y que cualquiera compartiría, pero el proyecto gubernamental no incide en cómo conseguir este complicado fin.
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