Por... Carlos Peralta
El presidente de la República, Fernando Lugo, reconoció el miíércoles pasado que había cometido un error al firmar la Carta Compromiso para la compra de la propiedad de Ulises Teixeira Rodrigues en el departamento de San Pedro. La tardía aceptación del error se produjo dos semanas despuíés de iniciadas las publicaciones en ABC Color donde se alertaba sobre la posibilidad de que el Estado paraguayo fuera nuevamente estafado a travíés de la compra de tierras para la reforma agraria.
Según las publicaciones, el mandatario hizo la confesión durante la reunión del Consejo de Ministros. La información se filtró a los medios de comunicación a travíés de los ministros del Ejecutivo.
En los días posteriores ni el mandatario ni los ministros o sus asesores fueron capaces de explicar en quíé consistió el error en el que habría incurrido. Por el contrario, los secretarios de Estado y los asesores legales de Lugo, a partir de ese instante, se preocuparon más en asegurar que la firma del acuerdo para la compra de la propiedad no significaba, de ninguna manera, que el presidente hubiera cometido algún delito o tuviera intención de hacerlo.
El ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, destacó el gesto de Lugo en reconocer “el errorâ€, y el asesor legal de la Presidencia, Dr. Emilio Camacho, reiteró por eníésima vez, desde que se iniciaron las publicaciones, que la Carta Intención no representaba ninguna obligación para el Estado ni significaba la comisión de delito alguno por parte de Lugo.
INíšTILES O PILATOS
Lo simpático del caso es que nadie del entorno del Presidente –mucho menos sus conocidos asesores del primer anillo– reconoció haber sido consultado sobre el tema, por lo que cabe suponer que Lugo decidió por sí mismo firmar el documento por 31 millones de dólares.
Y aquí está lo grave del tema. Lugo no tiene asesores confiables y a la luz de los hechos a íéstos les importa un comino brindarle un correcto asesoramiento. Llama poderosamente la atención que nadie en su entorno sea capaz de analizar los hechos, determinar los pasos a seguir y brindarle la protección adecuada para no dañar su imagen, pues se supone que esa es una de las principales labores de las asesorías.
No es posible, por lo tanto, creer que “los asesores de Lugo†no hayan sido capaces de hacer una revisión total y completa del expediente de las tierras a ser compradas por el Estado. Tampoco se puede entender que no les haya llamado la atención la enorme diferencia existente entre el precio de compra de la propiedad de Rodrigues Teixeira y el monto ofertado para la venta al Estado.
Según las publicaciones, el hacendado brasileño compró la propiedad por 11 millones de dólares pero ofreció al Estado, un año despuíés, en 31 millones de la moneda norteamericana, supuestamente por las mejoras introducidas en el lugar.
¿SE VENDIí“ O NO CON MEJORAS?
A nadie tampoco le interesó investigar si efectivamente las mejoras en la propiedad fueron realizadas por Rodrigues Teixeira o no. Según el señor Víctor Arza, presidente de la Regional de la ARP en el Bajo Chaco y miembro del directorio de la Asociación Rural del Paraguay, la estancia fue vendida al brasileño con las actuales mejoras.
Si esto es cierto, ¿quiíén o quiíénes supervisaron los documentos de la propiedad? ¿Quiíénes tuvieron en sus manos el expediente y quiíénes dieron el visto bueno para aceptar el precio ofertado por Rodrigues Teixeira? ¿Los que elaboraron la Carta Intención firmada por Lugo hablaron con el anterior propietario, Juan Walberto Cardus, para conocer mayores datos de la propiedad y tener la seguridad de que todo estaba en regla?
¿Los asesores de Lugo estaban al tanto que de los 11 millones de dólares que costó la propiedad, Ulises Teixeira solo habría pagado 2 millones? ¿Saben si la hacienda está hipotecada o embargada por este motivo? Cualquiera sea la respuesta lo mejor hubiera sido suspender la operación.
DUDAS COMPROMETEN AL PRESIDENTE
Por donde se le mire existen grandes dudas en el negocio. Por eso llama la atención que todos los defensores de Lugo solo se concentren en reiterar, hasta el hartazgo que la Carta Intención no compromete al Presidente, pues el negocio no se realizó.
Pero evaden responder cómo es posible que el tasador del MOPC, nueve meses despuíés de firmado el documento de compra-venta de la propiedad de Rodrigues Teixeira, tasara el inmueble prácticamente en el mismo precio acordado por Lugo y el brasileño. Solo un milagro o una notable coincidencia pueden lograr un acierto de casi el 100 por ciento en la tasación del inmueble.
Por otra parte, la investigación periodística tambiíén menciona que el tasador del MOPC, el Ing. Lázaro Sanabria, es en realidad un funcionario del Indert. Sin embargo, en una entrevista el presidente de la institución, Alberto Alderete, dijo a radio Primero de Marzo que nunca este señor había trabajado como funcionario de la citada entidad, aunque reconoció que sí había realizado tareas independientes al Instituto durante las administraciones coloradas.
OTRO MISTERIO: EL TASADOR
Sin embargo, por Resolución 1.014/08, del 10 de noviembre del año pasado y firmado por Alderete, el Ing. Sanabria es comisionado por 3 días al distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú, para tasar unas propiedades. El Indert le proveyó, según el documento, de los recursos necesarios en concepto de viático, movilidad, combustible. Casualmente Sanabria es el tasador de las tierras de Rodrigues Teixeira.
Si no es funcionario del Indert, ¿cómo aparece en la mencionada Resolución y cómo se le proveen de recursos de la institución? Obviamente, alguien miente en esta historia.
Como se podrá apreciar, existen graves sospechas de que se organizó una estafa contra el patrimonio del Estado y lo más grave, con aparente participación del presidente Lugo, del titular del Indert, del vendedor de la propiedad, Rodrigues Teixeira y los asesores del mandatario.
A raíz de las publicaciones quedó establecida la sospecha de que el Presidente estaba apoyando algo turbio y que al parecer iba a reportarle importantes beneficios económicos.
Por el solo hecho de que este pensamiento quedó instalado en la gente, sus asesores deberían dar un paso al costado y renunciar. De lo contrario, la duda de que se preparaba una estafa contra el Estado con conocimiento y aceptación del conductor del país seguirá creciendo.
