Las administraciones públicas recortarán desdel 0,5% actual al 0,3% el ingreso que pueden realizar a los fondos destinados a complementar las pensiones de sus empleados.
La Administración rebajará el próximo año su aportación a los fondos de pensiones de empleo los funcionarios. Durante los últimos seis años, los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida que pone a disposición de las instituciones de la administración pública el equivalente al 0,5% de la masa salarial de su plantilla para que puedan realizar aportaciones que complementen las pensiones públicas de sus empleados. En el proyecto de Presupuestos para 2010, que se debate en el Parlamento, este porcentaje se ha rebajado hasta el 0,3% del salario.
Los sindicatos y la Adminitración llegaron a un acuerdo en la Mesa de la Función Pública para los próximos tres años en el que establecen este recorte para 2010. En el mismo marco, se acordó volver a subir este porcentaje al 0,5% en 2011 y elevarlo al 0,7% para 2012, de forma que ese ejercicio se recuperará el recorte aplicado en 2010.
El descenso se pactó en el marco de contención de los salarios de los funcionarios, para los que se fijó una subida salarial del 0,3% para el próximo ejercicio. Los presupuestos no cifran el importe previsto para estas aportaciones, pero rondarían los 400 millones de euros. Esta cantidad sería el importe máximo, pero no se cumple, ya que no todas las instituciones públicas hacen uso de esta partida por no tener constituido un plan para sus trabajadores.
El año pasado, la aportación realizada por todas las administraciones públicas, según se desprende de los datos de Inverco, ascendió a 150 millones y el patrimonio actual gestionado en estos planes es de 1.200 millones. La asignación realizada a los funcionarios está muy por debajo de la media de las empresas, que se sitúa entorno al 5% del salario en las grandes corporaciones. Por el contrario, los planes de las administraciones públicas ocupan los primeros puestos en el ránking por número de partícipes.
Pese a la habilitación presupuestaria anual no todas las administraciones públicas cuentan con un plan de pensiones para sus empleados. De los 2,5 millones de funcionarios, un millón cuenta con un fondo de empleo.
Administración General
El plan más relevante es el de la Administración General del Estado, que verá reducida su aportación desde los 75 millones recibidos este año a alrededor de 60 millones en 2010. Este plan, gestionado por BBVA, cuenta con un patrimonio de 444 millones, que se reparten entre 589.499 partícipes a finales de septiembre pasado. El acuerdo alcanzado en la mesa de la función pública se refiere especificamente a este plan, pero la partida incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado afecta a todos los planes de pensiones de empleo de las administraciones públicas, locales autonómicas o central o sociedades de este ámbito.
La creación del plan de los funcionarios de la Administración General fue el pistoletazo de salida para el resto de las instituciones públicas. Desde entonces, varios organismos han constituido un plan para sus empleados.
El segundo mayor es el de la Generalitat de Catalunya, gestionado por Vidacaixa, que acumulaba a finales de septiembre 184 millones y 222.216 partícipes.
El plan de la administración pública de Murcia, administrado por Caser, es el tercer mayor plan, con 48.442 partícipes y 39 millones de euros.
Ibercaja administra el fondo constituido para la administración de Aragón. Su patrimonio asciende a 99 millones de euros y tiene 28.700 partícipes.
Los organismos que promueven un plan pueden recibir en el momento de su constitución la partida que le hubiera correspondido desde 2004, cuando se habilitó por primera vez.
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, realizó una aportación inicial de 7 millones correspondientes a partes prácticamente iguales a 2004 y 2005. Este fondo tiene 31.428 partícipes y 27.317 millones.
Los ayuntamientos no atienden sus compromisos
La fuerte crisis que atraviesan la mayor parte de los ayuntamientos ha llevado a una parte de estas corporaciones locales, generalmente de pequeña dimensión, a no atender sus compromisos de aportaciones a planes de pensiones de sus trabajadores. Los empleados podrán reclamar estos importes en los tribunales igual que ocurre con las nóminas que tambiíén han dejado de pagar algunos ayuntamientos.
En otras ocasiones las dificultades de los consistorios han propiciado negociaciones con los sindicatos y ambas partes han acordado suspender las aportaciones.
