Competencia multa con 120 millones a las aseguradoras por pactar precios
Publicado en Expansión por Elisa del Pozo
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas a seis aseguradoras y reaseguradoras con un importe conjunto de 120 millones de euros por "acordar la fijación de precios mínimos en el seguro decenal" de daños a la edificación en España.
La sanción es muy superior a la esperada por las entidades que prevían un castigo de entre 40 y 50 millones de euros en total. La mayor sanción, de 27,7 millones, es para Asefa, la compañía líder en el seguro decenal en España controlada por la sociedad francíés D'Asurance du Batiment et de Travaux Publics.
El segundo mayor importe es para la aseguradora Suiza y la reaseguradora Swiss Re, del mismo grupo con 22,6 millones en total.
Para Mapfre, que cuenta con dos entidades implicadas, Mapfre Empresas y Mapfre Re, la penalización es de 21,6 millones, y de 14,2 millones para Caser.
La reaseguradora francesa Scor, con 18,6 millones de multa, es una de las empresas mejor libradas en cuanto al importe de la sanción. Sobre la alemana Mí¼nchener recae una sanción de 15,8 millones.
La multa es la mayor impuesta por la CNC en un único expediente. Las dos mayores hasta ahora son la impuesta a Telefónica por importe de 57 millones, y a BBK, Kutxa, Vital y Caja Navarra por un total de 24 millones de euros.
La resolución de CNC fue comunicada ayer a las entidades que tienen intención de recurrirla, aunque antes deben hacer una análisis pormenorizado de su contenido.
Seguro decenal
El seguro decenal es de contratación obligatoria por los promotores y cubre los posibles desperfectos que puedan surgir en los edificios nuevos destinados a viviendas por un periodo de diez años.
Competencia basa las multas en el rastreo de varias reuniones celebradas entre representantes de las entidades sancionadas, de documentación manejada en estos encuentros y de correos elíéctronico, entre otras cosas. "Todas las empresas imputadas niegan la existencia y su participación en un acuerdo para fijar precios en este seguro, aunque no niegan la existencia de reuniones y de intercambio de experiencias e información entre ellas. Alegan que la investigación ha realizado una interpretación interesada y sesgada de esta documentación", según la resolución de la CNC.
La resolución tiene un voto particular en contra que dice que las firmas pueden compartir datos
Las aseguradoras mantienen que con la implantación de la legislación que obligó a los promotores a contratar un seguro decenal, las entidades se vieron en la necesidad de intercambiar información ante la ausencia de experiencia en la cobertura de estos riesgos en el mercado español.
Competencia alega que la aplicación de los acuerdos comenzó en enero de 2002 y se mantuvo hasta octubre de 2007, cuando la CNC inició su expediente de oficio.
Caser se incorporó a este sistema en 2006, según la investigación.
Competencia cree que existe evidencia suficiente para afirmar que existe una infracción deliberada de la normativa de defensa de la competencia y ha calculado las sanciones correspondientes en función del volumen de negocio de cada entidad. El pacto tenía como objetivo que lo cumpliera todo el mercado del seguro decenal, afirma Competencia. Para ello, las reaseguradoras se comprometían a incorporar el acuerdo como contenido obligatorio para las aseguradoras en las guías de tarificación que se incluían en los contratos de reaseguros. "El resultado fue la total homogeneidad en las primas y la eliminación de la competencia", afirma CNC.
En bloque
La resolución afirma que las entidades trataron de evitar la comercialización por parte de otras aseguradoras y corredores de productos al margen del acuerdo de precios.
La resolución cuenta con un voto particular en contra que argumenta que las aseguradoras pueden utilizar primas de riesgo basadas en estadístics comunes sin vulnerar la competencia. Añade que no hay datos sobre los efectos que haya podido tener la conducta sancionada en el mercado del seguro decenal y que no se ha concretado el grado de participación de las entidades en los hechos sancionados.
