La Ley de Economía Sostenible piensa meter en cintura las descontroladas cuentas de los municipios. El Gobierno hará uso de esta norma contenedor para cortar los fondos a todos alcaldes que, como hasta ahora, "incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de los presupuestos de cada ejercicio".
De este modo, el Estado "procederá a retener a partir del mes de septiembre" -del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación-, "el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda".
Es decir, los alcaldes que infrinjan la obligación de liquidar sus presupuestos y remitirlos a Hacienda verán cortada automáticamente la llegada de nuevos recursos del Estado. Los fondos retenidos permanecerán "ingresados en las cuentas de acreedores no presupuestarios" de la Dirección General del Tesoro con la que se gestionan críéditos a favor de las entidades locales. La deuda de los municipios supera ya los 7.250 millones de euros, según datos del Banco de España.
Sociedades públicas
Otro de los puntos negros de la gestión de los recursos del Estado son las empresas de titularidad pública. En total, suman una deuda de 44.598 millones de euros, de los cuales, 23.161 millones corresponden a sociedades participadas por la Administración central, según el Banco de España. Este saco lo forman desde grandes agrupaciones como RTVE o Renfe, hasta sociedades locales de gestión del suelo, los residuos, etc.
Ajustar su gobernanza a los criterios de mercado y, sobre todo, cerrar su dramático endeudamiento (se ha duplicado desde 2005) parece lógico en un momento en el que los ingresos públicos caen a un ritmo freníético.
La Ley de Economía Sostenible no aborda directamente el problema de la deuda, pero, al menos, impondrá a este tipo de entidades una gestión más rigurosa.
En seis meses, Hacienda deberá presentar un plan de racionalización del sector público estatal. La ley le da poder para "suprimir, refundar o reestructurar los órganos que considere necesarios".
A continuación, las empresas públicas "adaptarán sus planes estratíégicos". En ellos se incluirán "anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad". Tambiíén deberán "revisar sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental".
La obsesión de la lucha contra el cambio climático del Gobierno se dejará notar tambiíén en los contratos de estas compañías. Cuando la situación lo permita, deberán incluir "condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales". Además, valorarán el ahorro energíético.
Nueva Agencia Patrimonial del Estado
La nueva Agencia Patrimonial del Estado gestionará los bienes inmuebles y los derechos sobre los mismos pertenecientes al Patrimonio del Estado. Según el anteproyecto de ley, pretende "promover la asignación racional y una mayor eficiencia de los recursos inmobiliarios públicos". Suprime los organismos gestores actuales.
Nuevas ventajas a la inversión medioambiental
El anteproyecto incluye varias medidas de fiscalidad verde, como la deducción en la cuota íntegra del 8% para las inversiones que respeten el medioambiente. Se beneficiarán de este alivio fiscal los proyectos que eviten la contaminación atmosfíérica o acústica procedente de instalaciones industriales y los que luchen contra la contaminación de aguas.
Sienta las bases para reasignar las licencias móviles
. La norma refuerza la potestad del Gobierno para reasignar a su voluntad las licencias de telefonía móvil. El Ejecutivo podrá "modificar o reasignar" las frecuencias de 900 Mhz que ahora tienen Movistar, Vodafone y Orange. Estas frecuencias, ya en manos del Estado, se asignarán con una licitación. Las frecuencias de Movistar caducan en el año 2010.
Falso cerco a los impagos y la morosidad
A partir de 2013 los proveedores deben enviar las facturas a sus clientes antes de 30 días desde la recepción de la mercancía. La "trampa" radica en esta apostilla: "Salvo en pacto contrario entre las partes", de modo que lo que se pueda ganar en el compromiso de pago se puede luego perder invitando a las empresas a emitir las facturas más tarde.
Coto a las licencias municipales, pero más tasas
Los mecanismos de control previo sobre las actividades económicas deberán ajustarse a la Directiva de Servicios. Entre ellas, las licencias municipales. El Gobierno pretende con esta ley limitar la necesidad de estas licencias. A cambio, "se habilita la posibilidad de cobrar tasas" para verificar las actividades no sujetas a control previo.
