Las empresas pagan los platos rotos del Gobierno
Publicado en Expansión por Carmen Ramos
El 12 de enero de 2009 la firma de ráting crediticio Standard&Poor’s puso bajo vigilancia la calificación de la deuda española y, por supuesto, el presidente del Gobierno declaró que no había riesgos de que esa amenaza se convirtiera en una decisión firme. Una semana despuíés la rebajó, desde de AAA, la máxima calificación hasta AA+.
En esas jornadas los descensos bursátiles fueron generalizados, de manera que solaparon un poco el fuerte varapalo que recibieron nuestras empresas, en particular los bancos. A lo largo de estos once meses la economía española se ha ido quedando cada vez más rezagada respecto a los países comunitarios, y diversos organismos la han colocado en el furgón de cola de la recuperación.
Una y otra vez el Gobierno ha tachado estas opiniones de exageradas, pero se ha mostrado incapaz de invertir en medidas que generen competitividad y empleo. Eso si, ha gastado a manos llenas en parches que, probablemente, sólo sirven para comprar votos. El resultado no se ha hecho esperar. El desequilibrio exterior y fiscal ha ido a más, mientras aumentaba el desempleo, y S&P ha vuelto a amenazar con bajar el ráting de solvencia de la economía española.
En esta ocasión, cuando la agencia de calificación dio su ultimátum al Gobierno, en la Bolsa tambiíén llovía sobre mojado. Los recortes se habían impuesto porque da miedo que la crisis de Dubai afecte a la banca mundial, por la rebaja de calificación de la deuda de Grecia y porque aún hay muchas incertidumbres en el aire. Da miedo que, tras un magnifico año bursátil, las plusvalías se evaporen.
Sin embargo, y a pesar de la debilidad que se detectaba en todas las plazas bursátiles, lo que ha quedado claro es que nuestros bancos han vuelto a pagar los platos rotos del Gobierno. Tras el anuncio, la banca mediana retrocedió más del 2%, mientras que los títulos de BBVA y Santander caían un 3,73% y un 3,65% respectivamente. Al día siguiente siguieron los recortes.
No se puede confundir la solvencia de un país con la de sus empresas, pero para íéstas supone un aumento de los costes de financiación y una desconfianza por parte del capital extranjero. Eso sí, la manifestación organizada por los sindicatos es contra la empresas, no contra el Gobierno.
