Varapalo de Bruselas al Gobierno español. La Comisión Europea ha paralizado el nuevo modelo de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado 1 de enero para compensar la retirada de la publicidad.
La Dirección General de la Competencia ha comunicado al Ejecutivo español que no puede utilizar los fondos que se recauden por los nuevos impuestos con los que se gravará a las empresas de telecomunicaciones (el 0,9% de los ingresos) y las televisiones privadas en abierto (el 3%) y de pago (el 1,5%) para financiar el funcionamiento del organismo público.
Según una notificación publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión notifica a España que “no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (la Ley de Financiación de RTVE) hasta que se haya adoptado una decisión final†por parte del Ejecutivo comunitario. Además, sostiene que “la Comisión tiene dudas sobre si los nuevos impuestos (…) son compatibles con el Tratadoâ€.
Incertidumbre
Para reforzar la advertencia al Gobierno de Zapatero, la CE se encarga de recordarle que “el artículo 14 del reglamento del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiarioâ€, es decir, le amenaza con que si financia a RTVE con los nuevos impuestos, puede acabar obligando a la corporación estatal a devolver al Estado los fondos recibidos.
La notificación de Bruselas crea ahora una situación de fuerte incertidumbre acerca de la capacidad del Gobierno para cobrar a operadoras de telecomunicaciones y cadenas de televisión los nuevos impuestos aprobados, puesto que la Ley de Financiación establece que estos impuestos se crean con el fin de financiar a la cadena pública.
Si esta función es imposible, por la prohibición comunitaria, fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIí“N señalan que existen dudas acerca de la legitimidad del Ejecutivo para recaudar esos fondos.
Bruselas no se ha molestado en ocultar la irritación que le ha provocado el proceder del Gobierno español, al que acusa claramente de haber intentado actuar con una política de hechos consumados. Bruselas señala claramente que “el nuevo sistema de financiación (…) constituye una alteración sustancial del sistema existente (…). Por tanto, constituye una nueva ayuda que debe notificarse antes de entrar en vigor. La Comisión lamenta que España no haya notificado la medida y la haya puesto en vigor, contrariamente a su obligaciónâ€. Da un mes al Gobierno para que presente sus alegaciones.
La decisión de la Comisión Europea llega un mes y medio despuíés de que abriera una investigación formal para analizar el sistema de financiación de TVE, al considerar que incluye ayudas de Estado que pueden ser ilegales.
Bruselas no se opone a la modificación del sistema de financiación como tal, pero duda de la compatibilidad del nuevo impuesto con la normativa comunitaria, como adelantó EXPANSIí“N el pasado 4 de septiembre.
La ministra de Economía, Elena Salgado se mostró en diciembre confiada en que “se pueda mantener el sistema, que constituye una financiación de TVE muy exigenteâ€. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, propulsora principal de este sistema de financiación, aseguró en septiembre que Bruselas no expedientaría a España por el proceso, algo que finalmente ha ocurrido.
La legislación española prevíé compensar la píérdida de ingresos por publicidad con la aportación de televisiones y operadoras, por valor de unos 400 millones, y el 80% de la recaudación por el uso del dominio público radioelíéctrico, hasta 330 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado completan los 500 millones restantes.
Desencuentro
1. El Gobierno español decidió, en 2009, retirar la publicidad de TVE y compensar la píérdida de ingresos que provocaría la medida con un sistema mixto que incluía, como el modelo francíés, nuevos impuestos a las operadoras de telefonía y a las cadenas de televisión.
2. Los nuevos impuestos, del 0,9% de los ingresos de las operadoras, y del 3% de las TV, recaudarían alrededor de 400 millones de euros. Las empresas de telefonía españolas, al igual que las francesas, recurrieron a Bruselas, que en diciembre pasado abrió un expediente.
3. Ahora, Bruselas exige al Gobierno que no asigne a RTVE ninguna financiación que proceda de los nuevos impuestos, hasta que la CE no haya tomado una decisión sobre la legalidad de la medida, lo que paraliza la aplicación del sistema de financiación de la TV pública.
Mecanismo urgente
La Dirección General de la Competencia prohíbe a España que utilice los fondos de los impuestos a las operadoras hasta que tome una decisión definitiva.
Fuertes críticas
Bruselas lamenta que España haya intentado actuar con una política de hechos consumados, al no haber notificado a tiempo sus pasos en el proceso.
Incertidumbres
La notificación de la Comisión Europea crea ahora una situación de incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cobrar los impuestos.
Procedimiento
Tras la decisión de Bruselas, el Gobierno español y las partes interesadas tienen un mes de plazo para alegar y aportar la información que reclama la Comisión.
