Un diputado con sólo once años de actividad tiene derecho a la pensión máxima que otorga el Estado.
Si usted nunca ha sido alto cargo de un Gobierno, ni ha formado parte de una lista electoral, piíénselo, quizá aún estíé a tiempo. Es como para pensarlo en estos tiempos en los que el Ejecutivo ha propuesto aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y es que la reforma no afecta, de momento, al sistema que rige para los parlamentarios y altos cargos, que además de estarles permitido el cobro de varias pensiones de forma simultánea, no tienen que cotizar, como el resto de los mortales, sus últimos 15 años de vida laboral por el máximo de la base reguladora para cobrar la pensión más alta del Estado. ¿No lo sabía? Pues, lea.
En lo que compete al llamado sistema de protección social y de pensiones parlamentarias no hay fisuras. El modelo se aprobó por unanimidad sin que ningún grupo pusiera objeción. Claro, se dijo entonces que la regulación de las pensiones parlamentarias era para «situar a los parlamentarios en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno», como si los salarios de los españoles fueran equiparables a los de nuestros países vecinos. Tambiíén se alegó la necesidad de que un diputado o senador pudiese alcanzar el límite máximo de pensiones de la Seguridad Social.
El caso es que un parlamentario no está obligado a cotizar 20 o 30 años para ser beneficiario de una pensión. Basta con que haya estado sentado en el escaño 7 años. Con este tiempo ya tiene derecho a cobrar una pensión siempre que haya cumplido los 65, obtenido una jubilación anticipada con 60 o una declaración de invalidez permanente. Aunque no alcancen el máximo de percepción de pensiones públicas, el Congreso o el Senado abona la diferencia.
Si el diputado o senador ha estado entre siete y nueve años de mandato, le corresponde el 80% de la pensión máxima mientras que si ha ejercido la actividad parlamentaria entre nueve y once años, recibirá el 90% de la máxima. Si ha estado más de once años de mandato, tendrá derecho al 100% de la pensión máxima.
Además, el diputado o senador que en el momento de su cese haya cumplido 55 años, no tiene por quíé trabajar nunca más, pues la Cámara seguirá pagando su Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación.
Pero no sólo de pensiones viven los diputados. Tienen además derecho a un finiquito cuando dejan de serlo. Y es que los que causan baja por disolución de las Cámaras perciben una «indemnización de transición» en un pago equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional –entre 3.800 y 5.200 euros al mes– por cada año de mandato parlamentario y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Por si fuera poco, las Cortes pagan a sus diputados y senadores un plan de previsión social que corresponde al 10% de su asignación.
Privilegios que nadie ha dicho, hasta ahora, que vayan a revisarse. Lo más que pudimos escuchar ayer, y con poco entusiasmo, fue una declaración de Josíé Blanco, que se mostró abierto a cualquier revisión que «garantice más equidad». Idíéntica pasión puso Soraya Sáenz de Santamaría, que no dijo ni sí ni no. No es lo mismo predicar, que dar trigo, claro.
Campaña sindical contra el «pensionazo»
El Gobierno, con la vicepresidenta primera a la cabeza, siguió ayer defendiendo su propuesta de reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT van a comenzar, de manera inmediata, una campaña informativa de rechazo a que la edad de jubilación se incremente en dos años, hasta los 67.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió que se hable del «mañana» de las pensiones, y no del presente, porque está «garantizado».
El debate sobre la reforma de las pensiones
Tomás Burgos / PP
El portavoz del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, confió ayer en alcanzar un acuerdo entre todos los partidos sobre la reforma de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo, siempre que el Gobierno retire su propuesta de retrasar dos años la edad legal de jubilación, hasta los 67. En un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Burgos señaló que la propuesta del PP va dirigida a alargar la edad de jubilación de forma voluntaria mediante incentivos.
Isabel López i Chamosa / PSOE
La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, recordó ayer que el Pacto de Toledo «significa consenso» y por lo tanto se aprobarán aquellas medidas «que se puedan consensuar» entre todos los partidos políticos. «No nos preocupa la Seguridad Social; tampoco las pensiones de hoy, porque están garantizadas. Pero sí nos preocupan las pensiones de los que hoy tienen 20 años», señaló la diputada socialista. Pero el objetivo es que cualquier reforma se haga por «unanimidad» y «estamos abiertos» a las propuestas de cualquier grupo.
Gaspar Llamazares / IU
Para el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, son necesarias las reformas pero «sin alarmismos, ni recortes injustificados». En el encuentro organizado por la Apie, Llamazares sostuvo que no existe «ninguna justificación para un ataque tan duro» al sistema de pensiones. «Hemos pasado del Pacto de Toledo al “pensionazo†de Davos» lamentó el diputado de IU. Llamazares tambiíén se mostró contrario a alargar la edad de jubilación. «O se retira esta propuesta o se impide la negociación y el acuerdo en el Pacto de Toledo».
Josep Sánchez Llibre / CiU
El portavoz de economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, calificó ayer la propuesta sobre pensiones formulada por el Gobiero de «frívola, precipitada, improvisada y contradictoria». Según Sánchez Llibre, el Gobierno ha lanzado «fuegos artificiales» de cara a la galería y a la Unión Europea. CiU se mostró contraria a alargar la edad de jubilación de forma obligatoria. Propone, en cambio, primar más los periodos de cotización que la edad de jubilación. Aún así Llibre, al igual que Burgos y Llamazares, confía en alcanzar un acuerdo.
