La importancia de la reforma que presentará hoy el Gobierno contradice la aparente tranquilidad con la que ha trabajado hasta ahora en este terreno. Retrasar la edad de jubilación en dos años es una medida notable teniendo en cuenta la timidez del Gobierno en hacer cambios en la economía y, en segundo lugar, su miedo a los sindicatos y a la reacción social.
Tambiíén es verdad que habrá quien piense que, ya puestos, se podría ser más ambicioso.
En todo caso, el hecho es que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reiteró ayer, en Barcelona que, por un lado, la Seguridad Social goza de "una magnífica salud y enorme fortaleza", para el corto plazo, pero, por otro, defendió que hay que hacer reformas para garantizar que se mantenga esta buena salud en un plazo de 15 ó 20 años.
Hay que tener en cuenta que, según la información que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea sobre el sistema de pensiones, sus previsiones apuntan a que el sistema podría entrar en díéficit permanente entre 2025 y 2030, siempre y cuando no hubiese cambios en su regulación.
El Gobierno está preocupado por el envejecimiento de la población y porque en el plazo de entre diez y quince años, pueden coincidir dos fenómenos sobre las pensiones: la jubilación de la explosión de la natalidad que ocurrió entre la mitad de los cincuenta y los primeros años setenta del siglo XX. En segundo lugar, este aluvión difícilmente podrá ser contrarrestado con los cotizantes que pueda haber en el mercado de trabajo.
Será entonces cuando se note plenamente la caída de la natalidad que hubo en España entre la díécada de los ochenta y de los noventa del siglo pasado. En segundo lugar, es una prueba más de que el Gobierno ha decidido mostrar a los mercados que sí está dispuesto a hacer reformas.