A la planificación de las grandes infraestructuras energíéticas 2008-2016 le toca su revisión cuatrienal. Al tiempo, Industria ha iniciado los estudios para el futuro plan que abarcará hasta 2020. La revisión a la baja de las inversiones planteada por el ministerio ha sido rechazada por REE, en tanto que Enagás ha acordado un recorte de 900 a 700 millones anuales, que ya anunció el año pasado.
El hundimiento de la demanda energíética y el compromiso con la Unión Europea para lograr que en 2020 un 20% de la energía final consumida proceda de fuentes renovables va a marcar la revisión cuatrienal de la Planificación Energíética 2008-2016, que prepara el Ministerio de Industria. Además, íéste ha iniciado los estudios para elaborar en dos o tres años una nueva planificación que abarcaría hasta 2020.
Por el momento, en la revisión cuatrienal de la actual planificación, el departamento que dirige Miguel Sebastián quiere revisar a la baja las inversiones en redes de transporte de gas y de electricidad que desarrollan Enagás y Red Elíéctrica (REE). La crisis hace necesario aplazar inversiones no imprescindibles y que dispararían la retribución que reciben estas compañías vía tarifas.
El ministerio logró hace tiempo un acuerdo con Enagás, que aceptó un recorte de las inversiones de 900 millones a 700 millones de euros. Eso sí, independientemente de la evolución de la demanda, el recorte nunca afectaría, según pidió la compañía, a los proyectos de almacenamiento, de interconexiones internacionales o los ligados a la seguridad del suministro.
Sin embargo, Industria ha tocado hueso con REE, que no acepta recortes importantes, pese al derrumbe de la demanda elíéctrica, que bajó un 4,6% en 2009. La actual planificación energíética preveía un aumento en tasa media anual del 1,4% entre 2006 y 2016 y fijaba para esta compañía unas inversiones de 800 millones anuales de media hasta 2016.
La planificación es un programa de infraestructuras que el Gobierno está obligado a presentar cada 10 años, aunque sobre ella se hacen ajustes anuales y una revisión global cada cuatro años. Dentro del plan existen tres clases de infraestructuras: las de la primera categoría son obligatorias y las aprueba el Parlamento, en tanto que las dos restantes son sólo indicativas. Según fuentes empresariales, sería en estas últimas en las que REE está dispuesta recortar inversiones, algunas de las cuales REE ya habría incluso descontado.
Las mismas fuentes aseguran que, a diferencia del gas, en electricidad la necesidad de infraestructuras es mayor y son un motor de riqueza. Además, dada la contestación social a ciertos proyectos, es necesario abordarlos cuanto antes para evitar que las protestas se intensifiquen.
Otro motivo para oponerse es que cambiar la planificación es un mensaje de inseguridad jurídica para los inversores de unas compañías con un alto porcentaje de capital cotizando.
Otra cuestión, añaden en el sector, sería ralentizar las inversiones en distribución o en las instalaciones para evacuar la producción de renovables. En este caso, REE podría adaptarse a los proyectos de las empresas generadoras. Se pueden hacer ahora o más adelante, pues tienen poco impacto sobre la inversión total.
Plan actual
La actual planificación fija unas inversiones de 9.220 millones de euros hasta 2016 en infraestructuras elíéctricas, 1.025 millones de media al año. Más de la mitad se destinaría a subestaciones y se construirían 7.500 kilómetros de nuevas líneas.
En gas, se prevíén 10.221 millones de inversión: 4.000 millones en gasoductos y 3.400 en regasificadoras y almacenamiento. Al final del programa se habrían incrementado las redes en un 80%.
