Más del 90% de los ayuntamientos incurre ya en díéficit, segíºn el PP

[Eguzki]

Las arcas locales pelean como colas de lagartija contra su propia muerte. A falta de ladrillo que alimente la economí­a municipal, los ayuntamientos se han lanzado en tromba a subir tributos como el de bienes inmuebles (IBI), así­ como a crear nuevas tasas y resucitar algunas en desuso.


El bolsillo del contribuyente es la agarradera de urgencia para unos consistorios en franco declive financiero, pero es un recurso impopular y, sobre todo, insuficiente. Pese a cobrar hasta por el uso de guarderí­as rurales, del alcantarillado o del tendido elíéctrico, ya hay miles de consistorios que no han podido evitar zambullirse de lleno en el desequilibrio presupuestario o en la quiebra tíécnica.

“Algunos ayuntamientos no tienen ni para pagar las nóminas”, asegura el diputado Juan Manuel Moreno, secretario nacional de Polí­tica Local del Partido Popular (PP). Moreno desvela, en declaraciones a EXPANSIí“N, que “más del 90% de los ayuntamientos ya incurre en díéficit”. Es decir, una cifra superior a 7.200 entes locales han descuadrado sus cuentas, y van a tener difí­cil cerrar el agujero presupuestario en plena recesión, según los cálculos de los populares.

Más aún cuando la solución que está predominando es la patada hacia adelante. El propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Pedro Castro, aseguró recientemente a este diario que recomienda a los alcaldes “que hagan todo lo que deban y deban todo lo que hagan”.

Durante 2009, los consistorios pudieron incurrir en un díéficit de hasta el 0,3%, pero íéstos incumplieron el pacto y se fueron hasta el 0,5%. Para 2010 se les permite un 0,4%, pero, además, se les exige una participación activa en el plan de austeridad. El Gobierno ha pedido a ayuntamientos y autonomí­as que complementen con un ahorro de 10.000 millones de euros los 40.000 de los que dejará de disponer el Ejecutivo central.

Es decir, que las telarañas de las arcas locales podrí­an ir a más. “Si la situación sigue empeorando habrá expedientes de regulación de empleo (ERE) en cascada”, considera Moreno. Tomando como base los datos del Ministerio de Polí­tica Territorial –relativos a enero de 2009–, hay unos 400.000 empleados locales que pueden perder su puesto de trabajo a corto plazo, ya que no son funcionarios ni interinos.

El despido colectivo era impensable hace sólo unos meses, pero ya han pasado por el aro, entre otros, Jerez (Cádiz), que planteó un ERE para barrer 550 empleados (actualmente en el aire por la oposición sindical); Almensilla (Sevilla), que anunció el relevo de 24 de sus 82 empleados; y Gáldar (Las Palmas de Gran Canarias), que acabó convirtiendo su ERE en rebajas salariales y 33 prejubilaciones.

Quiebras en el horizonte
Pero en los despidos colectivos no acaba la cosa. La quiebra acecha a centenares de consistorios. Hace unos meses, en una reunión a puerta cerrada a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el vicepresidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, apuntó el dato. “Más del 80% de los ayuntamientos se encuentra en quiebra tíécnica”, aseguró, y añadió que esta situación se debe al sistema actual de financiación, “que no puede basarse sólo en el aprovechamiento de los terrenos que les ceden los planes generales”.

Crí­ticas a la nueva Ley de Gobierno Local
El Partido Popular (PP) ha mandado 11 sugerencias de cambio de la Ley de Gobierno Local al secretario de Estado de Polí­tica Territorial, Gaspar Zarrí­as.

El Gobierno envió en primer lugar a los populares un documento básico de trabajo bajo el tí­tulo Principios rectores de la nueva ley de gobierno de la administración local. El portavoz local del PP, Juan Manuel Moreno, calificó ayer de “poco ambiciosa” la propuesta, sobre todo porque esos principios no están desarrollados en el documento.

El PP supedita el acuerdo a que se articulen “soluciones claras contra la corrupción” y a que se “garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo”, entre otras cosas. El borrador de anteproyecto que obra en poder del Ejecutivo quiere “reforzar la autonomí­a local”, confiriendo a los consistorios una “autíéntica capacidad polí­tica para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos”. Además, el Gobierno asegura que la norma impedirá denegar el padrón a los ciudadanos –los inmigrantes sin documentos incluidos–, aunque hay dudas sobre la redacción final.

Más deuda
Los entes locales están recurriendo a un mayor uso del endeudamiento financiero para capear el temporal tras el crac del ladrillo. “Haz todo lo que debes y debe todo lo que hagas”, dijo Pedro Castro, presidente de la FEMP.

Más impuestos
Los alcaldes prefieren subir o crear tasas antes que alzar los impuestos, ya que lo primero pueden hacerlo de tapadillo, “sacando muchí­sima tajada”, apunta Marí­a Josíé Portillo, economista y profesora de la Universidad de Murcia.

Más problemas
“La gran mayorí­a de los municipios pequeños tiene graves problemas de supervivencia financiera”, señala Juanma Moreno (PP).