Soluciones urgentes para apagar fuegos crecidos. í‰ste parece ser el principio en el que se ha amparado el Ministerio de Sanidad para justificar el centrifugado al que ha sometido la Ley de Dependencia. El Gobierno dará cursillos a los pensionistas para que se hagan cargo de las personas dependientes.
El Departamento ha dado el visto bueno a que los familiares de enfermos puedan convertirse en presuntos sanitarios, mediante un curso formativo de 15 horas (y otras diez “voluntariasâ€). Es más, según el proyecto de acuerdo para la mejora de la calidad de las personas cuidadoras en el entorno familiar, al que ha tenido acceso EXPANSIí“N, tambiíén se da vía libre a que un enfermo se haga cargo de otro enfermo.
Con este gesto administrativo, Sanidad no hace otra cosa que legalizar la situación en la actualmente están más de 266.000 usuarios de la Ley. Este nutrido grupo está al cuidado de un familiar, habitualmente su cónyuge (es decir, una persona tambiíén jubilada). El Estado se encarga de asignarles una prestación económica, una fórmula que si bien está contemplada en la norma, se restringe exclusivamente a casos “extraordinariosâ€.
Sin embargo, tal y como revelan los datos oficiales, su uso se ha convertido en una práctica demasiado habitual, hasta el punto de representar el 51% de las ayudas totales que facilita el sistema público.
Tanto la patronal como los sindicatos del sector han alertado en sus reuniones con el departamento de Trinidad Jimíénez de lo peligrosas que resultan estas reglas de juego.
En un primer momento, el negociador designado por Sanidad, el secretario general de Política Social, Francisco Muza, se comprometió con los agentes sociales a rectificar estos contenidos. De hecho, en el acta de la reunión del Comitíé Consultivo del 14 de septiembre se puede leer esto: “El presidente [en alusión a Muza] razona que hay que clarificar quiíén puede ser considerado cuidador y quiíén no, y estima que no se puede admitir a cualquier familiar†para ello. Y continúa: “En este punto cita como ejemplo el supuesto de un dependiente atendiendo a otroâ€. Pese a que manifestó que se modificaría el texto, el mismo se presentó ante las comunidades autónomas días despuíés sin moverse ni una coma. Y, por cierto, las autonomías tambiíén le dieron el visto bueno.
El porquíé de este quórum hunde sus raíces en motivos económicos. Según fuentes presentes en la reunión, muchos consejeros autonómicos reflexionaron, con parecidas palabras a íéstas, que dar un cheque en mano de entre 300 y 519 euros a las familias del beneficiario es siempre más barato que costear una plaza residencial (con precios que oscilan entre 1.400 y los 2.500 euros al mes, en función del territorio).
Un acuerdo oficial
El resultado de esta intrahistoria es que el proyecto oficial que regula los cuidados familiares se ha convertido en un coladero para convertir a más ancianos en una especie de míédicos de cabecera, con el consiguiente alivio para las arcas públicas. Para Sanidad esta fórmula es posible siempre y cuando el aspirante a enfermero cuente con “apoyos complementarios†(tiempo, apoyo de terceros, cordura, etcíétera).
