EL DEPARTAMENTO DE CAMPA ROMPE LA MODERACIí“N SALARIAL.
Las restricciones presupuestarias tienen un límite. Al menos, en la Secretaría de Estado de Economía, donde los pagos por productividad -es decir, el dinero de libre disposición que se reparte entre los empleados públicos- crecerá este año nada menos que un 26,2%. O dicho en otros tíérminos, si en 2009 los funcionarios y el personal laboral adscritos al departamento que dirige Josíé Manuel Campa percibieron en total 2,42 millones de euros en concepto de productividad, en 2010 la cifra presupuestada asciende ya a 3,05 millones .
El incremento sorprende no sólo por el hecho de que el sueldo de los empleados públicos haya subido este año un 0,3%; sino, sobre todo, porque en el resto de los departamentos que conforman el Ministerio de Economía la productividad ha sido prácticamente congelada. Mientras que en la Subsecretaria y Servicios Generales se han mantenido los 12,89 millones presupuestados en 2009 para repartir entre sus 1.794 funcionarios (incluyendo a todo tipo de relaciones contractuales), en la Secretaría de Estado de Hacienda el incremento se ha limitado al 1,4%, en cualquier caso muy por encima de la subida general de sueldos. El departamento de Carlos Ocaña (al que están asignados 65 empleados públicos) tendrá este año para gastar en productividad 20,28 millones de euros.
La subida de la productividad no tiene que ver con un aumento significativo de la plantilla de la Secretaría de Estado de Economía, lo que podría explicar el incremento. Los tres millones largos de euros se asignan a un departamento del que forman parte administrativamente 34 funcionarios, dos más que en 2009. La productividad, como se sabe, no se distribuye de forma general, sino que son los responsables de cada departamento quienes deciden su distribución. Lo mismo sucede en otras áreas ministeriales.
La Ley de Presupuestos de 2010 determina, en concreto, que el complemento de productividad debe retribuir “el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interíés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajoâ€. Y en virtud de estos principios, cada departamento ministerial determina, dentro del críédito total disponible, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Y siempre con carácter individual.
¿Criterios objetivos?
Aunque la ley establece que la valoración de la productividad “deberá realizarse en función de circunstancias objetivasâ€, lo cierto es que desde hace años los sindicatos vienen denunciando tanto el elevado grado de discrecionalidad con que se reparten esos fondos como la falta de transparencia en su distribución. Recientemente, la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía publicó una nota en la que reclamaba la necesidad de negociar los criterios de reparto de la productividad.
No se trata, en cualquier caso, de cantidades pequeñas. Según un informe de CCOO (y con datos referidos a 2008) numerosos altos cargos recibieron en concepto de productividad más de 30.000 euros. El ‘ríécord’ lo ostenta un funcionario de la dirección general de Tributos del nivel 30 (grupo A1) que llegó a percibir ese año 44.268 euros. Otro funcionario del mismo nivel asignado a la dirección general de Presupuestos fue “agraciadoâ€, como dice el sindicato, con 43.550 euros. Y cantidades superiores a los 35.000 euros se distribuyeron entre altos cargos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) o la Subsecretaría del Ministerio de Economía. En este caso, lo que sorprende no es sólo la cantidad percibida, sino tambiíén la ampliacion de la horquilla ya que en ocasiones un funcionario cobra veinte veces más en concepto de productividad que otro del mismo departamento, lo que no es coherente con la banda salarial.
La discrecionalidad de los altos cargos a la hora de distribuir fondos no acaba ahí. En los presupuestos de cada departamento existe una rúbrica que recoge el pago de “gratificacionesâ€, cuya cuantía es muy inferior a la de productividad. Para 2010, y sólo en la Subsecretaria de Economía, el críédito inicial concedido asciende a 549.700 euros.
Estas gratificaciones son excepcionales, y legalmente se justifican por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo “sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivosâ€.
La ley obliga a que todos los ministerios den cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos a los Ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia, especificando los criterios de concesión aplicados.
