El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, advirtió hoy que aumentar hasta el 30% las provisiones sobre el valor de tasación de los activos inmobiliarios que permanezcan en los balances de las entidades financieras durante más de un año "puede colapsar" el mercado inmobiliario.
Quintás, que hizo estas declaraciones tras participar en unas jornadas sobre el sistema financiero organizadas por KPMG, dijo confiar plenamente en la prudencia Banco de España, pero abogó por que las decisiones que se adopten en materia de dotaciones tengan en cuenta el impacto que podrían tener tanto en las entidades financieras como en el sector del ladrillo.
En su opinión, incrementar el nivel de provisiones por activos inmobiliarios aumentaría la resistencia de las entidades financieras de cara a los problemas que puedan venir, pero si provoca la venta de pisos en manos de bancos y cajas de ahorros de manera contundente "podría colapsar lo poco que queda del mercado inmobiliario".
El colapso de esta actividad tendría, además, "consecuencias lamentables" para el sector financiero, por lo que es "imprescindible" consultar a los sectores afectados por la conveniencia de esta medida, así como contar con estudios de impacto en caso de que se aplicase la medida que el Banco de España plantea ejecutar.
Quintás reconoció que la medida puede resultar beneficiosa si los analistas centran su atención en el grosor del colchón para imprevistos de la banca española, si bien recalcó que se trata de una medida "ambigua" en cuanto a si será beneficiosa o perjudicial para el sector financiero.
El presidente de las cajas de ahorros recalcó que "no por ser una medida jaleada en los medios (de comunicación) es positiva y debe adoptarse", y reiteró que hacen falta estudios bien fundamentados, elaborados con transparencia, para que la sociedad conozca quíé argumentos han llevado al Banco de España a tomar sus decisiones.
En España, consideró "hacen falta cirujanos, no aprendices de brujos", dijo el presidente de la patronal, para quien es "irresponsable" tomar una medida respecto al nivel obligatorio de provisiones para afrontar eventuales píérdidas por exposición a los inmuebles en cartera sin tener estudios sobre los efectos de mercado.
