Las Administraciones Públicas deben más de 35.000 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes), según ha denunciado hoy el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, en un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
En cualquier caso, Bárcenas precisó que en las administraciones "perifíéricas" pequeñas, con "poca intervención", muchas de las facturas emitidas están "guardadas en el cajón" o "durmiendo el sueño de los justos" hasta que toman "carta de naturaleza", por lo que es imposible conocer la morosidad "real" del sector público con las pymes.
El presidente de Cepyme reiteró que los problema más graves que tienen las pymes son precisamente la morosidad de las administraciones públicas, que no pagan lo que deben, y la financiación.
Sobre este último punto, Bárcenas indicó que muchos pequeños y medianos empresarios ya no van a pedir críéditos porque están "aburridos" de recibir un no por respuesta, de forma que se ven obligados a vivir "de sus propias reservas".
No obstante, reconoció que tambiíén se está produciendo una cierta paralización en la demanda de financiación, no sólo por las negativas de los bancas y cajas en las peticiones de críédito, sino tambiíén porque las pymes se hallan un poco a la expectativa y "aguantan" con lo que pueden.
El ICO no es la solución
Bárcenas tambiíén ha señalado que el Instituto de Críédito Oficial (ICO) "no está funcionando" y las entidades financieras están "en su negocio" y con "sus precauciones de riesgo". Y el Gobierno, cuando las avaló, no les puso condiciones para que atendieran las necesidades de críédito de las empresas ni de los ciudadanos, agregó.
Aunque afirmó que "no es la tónica general", subrayó que las entidades financieras están ayudando "de alguna forma" a los clientes preferentes con las líneas del ICO, que es "algo más económico que una operación habitual".
"Algunas entidades utilizan al ICO para sus mejores clientes", señaló Bárcenas, pero íéste no cumple la función que debería tener y "tiene que asumir sus riesgos y medir sus operaciones".
Señaló que el ICO no es una banca pública y que carece de los medios y la estructura necesaria, por lo que insistió en la necesidad de que tenga delegaciones en cada comunidad autónoma, a travíés de sus órganos correspondientes.
