El nuevo modelo productivo echa a andar con un viejo conocido de la economía: el ‘ladrillo’. La ‘troika’ que negocia en nombre del Gobierno un acuerdo con los partidos políticos (Salgado, Blanco y Sebastián), presentó ayer en sociedad un documento de 32 páginas en el que la novedad más relevante tiene que ver con una reducción del tipo de IVA y una deducción del IRPF, tanto para la rehabilitación de viviendas como para su reforma. Con estas rebajas fiscales -cuyo coste el Gobierno aún no ha cuantificado- el Ejecutivo espera crear 350.000 puestos de trabajo en dos años
El sector de la construcción es, con diferencia, el que más ha contribuido al aumento del paro en los dos últimos años, y eso parece explicar la estrategia del Gobierno, que se ve obligado a echar mano del ladrillo para frenar la sangría del desempleo. Si hace dos años el paro en la construcción (en tíérminos de la Encuesta de Población Activa) afectaba a 294.100 trabajadores, al acabar el año pasado el número de desempleados superaba ya los 614.600. En tíérminos indirectos, sin embargo, su impacto ha sido mucho mayor, ya que al cerrarse los tajos otros sectores productivos (la industria y los servicios) se han visto abocados a la crisis. En esas cifras no se incluyen los 1,4 millones de trabajadores que perdieron su empleo hace ahora más de un año y que no pueden asignarse a ningún sector productivo.
Ahora el Gobierno vuelve a acordarse del ‘ladrillo’, y así se lo ha hecho saber a los grupos parlamentarios. La propuesta del Ejecutivo actúa en dos sentidos:
- Durante dos años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA reducido (8% a partir de 1 de julio).
- Los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012. El requisito que se exigirá es que deben tener como objeto la rehabilitación energíética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda A partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.
La ley actual, del año 1992, prevíé ya que la rehabilitación de viviendas soporte un tipo reducido (todavía del 7%), pero impone límites que ahora desaparecerán. En concreto, define las obras de rehabilitación de edificaciones como aquellas que tienen por objeto principal la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas “siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25% del precio de adquisiciónâ€. Con la nueva norma, se amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural.
El objetivo declarado es la renovación de un parque de viviendas que al mismo tiempo que ha crecido de forma espectacular en los últimos años (se ha pasado de 20,9 millones de pisos en 2001 a 26,2 millones en 2008) se ha ido degradando por falta de conservación, principalmente en las grandes ciudades.
Con esta propuesta, el Gobierno esquiva su intención de favorecer la vivienda en alquiler frente a la propiedad, toda vez que los propietarios van ser, precisamente, los grandes beneficiarios de la reforma. Y en ello en un país en el que el 86,3% de los pisos son en propiedad, y sólo el 9,3% en alquiler (el resto son en ríégimen de cesión u otras formas de arrendamiento).
Subvenciones al transporte público
El documento del Gobierno tiene una segunda novedad que igualmente tendrá un coste en tíérminos fiscales. En concreto, se eximirá al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa para sus desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público. El límite que se fija es de 1.500 euros anuales.
La tercera novedad del documento se refiere a dar mayor protagonismo al ICO a la hora de conceder príéstamos para las pymes y autónomos. Y en este sentido se recupera un cierto sabor de ‘banca pública’, aunque sólo formalmente. Si la propuesta llega a buen puerto, el ICO concederá directamente críéditos con un importe máximo de 200.000 euros. La gran novedad es que la cobertura de riesgo se sitúa en el 100% del príéstamo, y será comercializado a travíés de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso.
Se trata, por lo tanto, de que el ICO –una institución pública- asuma todo el riesgo en caso de impago, algo que no hacen las entidades privadas y que, en cualquier caso, desaconseja el Banco de España, que siempre ha cuestionado príéstamos por encima del 80% para la adquisición de viviendas.
El resto de puntos del documento no son más que una reiteración de propuestas que ya aparecen en otros textos aprobados por el Gobierno en los últimos meses, y que afectan a cuestiones como la morosidad, el apoyo a la internacionalización de las empresas o la simplificación administrativa, medidas que aparecen en la cíélebre Ley de Economía Sostenible, que continúa en el sueño de los justos. Tres meses despuíés de que el Gobierno la remitiera a los órganos consultivos, el proyecto de ley sigue sin ver la luz.
