Enagás exige 5,4 millones a las comercializadoras de gas, correspondientes a las tasas que se aplican al gas descargado en las regasificadoras portuarias de la compañía presidida por Antonio Llardíén. En este frente judicial está en juego una interpretación jurídica acerca de la puesta en marcha de la Ley 48/2003 y de si una solicitud realizada por Enagás para acogerse al nuevo ríégimen regulatorio fue presentada fuera de plazo o si, por el contrario, debe ser tenida en cuenta.
