El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya ha levantado sus cartas respecto a su posición en el políémico debate sobre la enmienda antiblindajes. El PNV ha propuesto y ha conseguido que el Gobierno aplace la votación prevista para el próximo 24 de marzo, dos días antes de que se celebre la Junta General de Accionistas de Iberdrola. Un retraso que supone un revíés para las aspiraciones de ACS y de Sacyr en Iberdrola y en Repsol..
Desde que el presidente de BBK, Mario Fernández, dejó clara su posición el pasado día 11 a favor de mantener las limitaciones de voto, se esperaba con interíés el movimiento del PNV. Sobre todo porque Fernández esgrimió despuíés en la televisión pública vsaca que el mantenimiento de los blindajes permitiría “anclar en Euskadi a Iberdrola y Petronor, dos de las empresas más importantes por su enorme capacidad de compra» a «cientos» de compañías vascasâ€.
BBK es el segundo mayor accionista de Iberdrola, donde tiene el 7,18%, tan sólo por detrás de ACS, que tiene una participación similar de forma directa y otro 4,9% aparcado a travíés de un contrato de derivados depositado en Natixis. Además, tiene de forma indirecta el 14% de Petronor, filial de Repsol, otro de los grupos que podrían sufrir un cambio relevante en su gestión en el caso de salir adelante la que ya es conocida como enmienda florentino.
La petición del PNV, que tiene que ser aprobada hoy, supone un cambio radical en la tramitación de la enmienda. Si consigue el apoyo de otro partido, la normativa ya no se debatiría en la Comisión de Economía, sino que iría al Congreso. Esa maniobra podría suponer que la aprobación de la modificación de la Ley de Auditoria y de Sociedades Anónimas se alargaría en el tiempo, lo cual iría en contra de los intereses de ACS y de Sacyr Vallehermoso. De momento, ya ha conseguido con esta solicitud que el debate de la enmineda se demore hasta despuíés de Semana Santa.
Favor devuelto
Fuentes próximas a las negociaciones indican que el propio PSOE respalda esta petición de aplazamiento para devolverle el favor que le ha hecho el partido presidido por Iñigo Urkullu en la enmienda presentada por el PP contra la subida del IVA, que ha sido rechazada. El PNV tambiíén podría conseguir el visto bueno de CiU, que hasta ahora ha mantenido una postura ambigua.
Por una parte, ha dado su visto bueno a la supresión de los blindajes, lo que significaría desde el punto de vista práctico que cada acción sería equivalente a un voto y no como ahora donde hay limitaciones de hasta el 10% con independencia de la participación. Pero por otra ha propuesta que el nuevo articulado incluye una excepción para las empresas familiares, que se han posicionado en contra de la enmienda.
Oficialmente, CiU asegura no tener todavía una posición definida. El grupo catalán, que ha mantenido contactos con La Caixa para conocer cómo le afecta -la caja se ha mantenido al margen- ha retrasado una reunión con los representantes de las grandes fortunas para más adelante al dar por hecho que se aplazará el debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
La Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) mostró su postura sobre esta iniciativa, despuíés de que dentro de la institución hubiera grandes diferencias entre los que la defendían, como la familia March, socios de ACS, y los que la rechazaban, como los Barceló. El IEE considera que “ni las formas ni los plazos en los que se ha producido el debate en torno a esta enmienda parecen adecuados a tenor de la importancia de su contenidoâ€.
Además, estima que “tendría efectos retroactivos sobre algunas decisiones que las Juntas de Accionistas de las empresas adoptaron haciendo uso de su potestad soberanaâ€, para añadir que “su naturaleza no es acorde con el marco legal en el que se intenta incluir, que regula la nueva normativa en materia de auditoriaâ€.
La decisión del IEF, que aconseja a los grupos parlamentarios “un debate sosegado y abierto respecto a cualquier modificación de la actual Ley de Sociedades Anónimas†para evitar “efectos no deseados en la actividad empresarialâ€, es un duro revíés para ACS, que había confiado en el poder de convicción de los March para conseguir el apoyo de esta institución. Algo similar había hecho Leopoldo Rodíés, hombre de confianza de La Caixa y a la vez persona cercana a los March y a los Polanco.
Falta por tanto conocer la postura del PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, todavía no se ha definido. El líder de la oposición ha consultado en los últimos días a expertos en la materia, como Manuel Pizarro. El ex presidente de Endesa, cuya relación con Iberdrola es más que tirante, está a favor de la eliminación de los blindajes. Lo mismo opina Luís de Guindos, ex secretario de Estado de Economía, otra de las personas con las que ha dialogado Rajoy recientemente. Aunque el PP ha mostrado su rechazo por las formas en la que se ha tramitado esta iniciativa, en el partido meditan abstenerse. Las próximas semanas volverán a ser claves.
