El baile ha comenzado. El Banco de España y el consejo rector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) aprobaron ayer tres de los procesos de fusión en marcha. Esto supone que el Estado entra en el capital de ocho cajas de ahorros mediante la suscripción por parte del Frob de participaciones preferentes convertibles en cuotas participativas.
Los tres procesos de fusión afectan, por un lado, a Caja Duero y Caja España, ambas de Castilla y León, que recibirán una inyección de capital equivalente a 525 millones de euros. El segundo proceso en marcha es el de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, que recibirán 1.250 millones de euros. El tercer proceso de integración afecta a Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrasa, que se verán recapitalizadas en una cuantía equivalente a 380 millones de euros. En total, 2.155 millones que saldrán de los Presupuestos Generales del Estado (casi las dos terceras partes) y de los fondos de garantía de depósitos de las entidades de críédito. Esto quiere decir que se ha consumido ya un 24% de los 9.000 millones de euros con lo que se dotó inicialmente el Frob, aunque ampliables a 90.000 millones, aproximadamente el 9% del producto interior bruto.
La participación del Estado en el capital de las tres cajas que nacerán tras la culminación del proceso de fusión no será, desde luego, a fondo perdido. Todo lo contrario. Según la comunicación que envió España a Bruselas -y aceptada por la Comisión Europea- la remuneración de los títulos suscritos por el Frob se calculará tomando como referencia la menor de estas dos fórmulas. Un 7,75% o la rentabilidad de los bonos emitidos por el reino de España a cinco años más una diferencial de 500 básicos. O lo que es lo mismo, esa referencia se situaría en estos momentos en el 7,72%. En cualquir caso, por debajo de la remuneración actua de la deuda pública. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que al tratarse de participaciones preferentes el riesgo es mayor.
El Frob establece que la entidad en la que entre el Estado se compromete a recomprar los títulos suscritos "en cuanto le sea posible", pero transcurridos cinco años, esta posibilidad se convierte en una obligación para la caja, que podrá recomprar los títulos o convertirlos en acciones ordinarias o valores equivalentes, como dice la norma. Es decir, en cuotas participativas con derechos poíticos. En circunstancias "excepcionales" se podría ampliar ese plazo en dos años más.
Derechos políticos
La participación del Estado en el capital de las cajas no lleva aparejada, por lo tanto,la existencia inmediata de derechos políticos. Claro está, salvo que las cajas no puedan devolver la remuneración y entonces los poderes públicos podrían transformar las participaciones preferentes en cuotas participativas con voz y voto. Se trata, por lo tanto, de un producto híbrido, como se dice en la jerga financiera. Mitad emisión de deuda (ya que el cupón está prefijado) y mitad acción (ya que los derechos pueden ser convertibles en cuotas).
El anuncio de la fusión se ha producido apenas 24 horas despuíés de que el gobenador Miguel íngel Fernández Ordóñez amenazara este miíércoles con la intervención y la apertura de expedientes a los órganos de gobierno en caso de que dilataran todavía más el proceso. No en vano, el Frob se aprobó hace nueve meses y desde entonces no se había cerrado ninguna operación. Tambiíén es probable que el gobernador no se refiriera a estas cajas, sino a otras que se encuentran en una situación muy comprometida por problemas de solvencia. No hay que olvidar que tanto las reuniones del consejo rector del Frob como la de los órganos de dirección del Banco de España (comisión ejecutiva y consejo de gobierno) estaban convocadas con mucha antelación, lo que puede indicar que en realidad Fernández Ordóñez se refiriera a otras cajas ajenas al actual proceso de intergración.
La otra mitad del sistema financiero -los bancos- han presionado al gobernador para que acelere las fusiones de cajas, toda vez que la incertidumbre sobre el proceso encarece su financación en los mercados mayoristas al ensancharse la prima de riesgo. Hasta el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, dio ayer un toque de atención a las cajas durante una jornada organizada por el Consejo General del Notariado. "Me ha gustado oír al gobernador del Banco de España", dijo el ex ministro socialista, "denunciando los obstáculos que desde las comunidades autónomas o desde determinadas cajas están poniendo a determinados procesos de fusión. Que no los denuncie sólo, que proponga claramente cuáles son las cajas que pueden ser objeto de intervención. Que se lo diga a quien se lo tenga que decir para que espabile un poco", afirmó.
La situación de algunas cajas es delicada. Según datos conocidos ayer, 20 de las 45 entidades de ahorro dieron píérdidas en el cuarto trimestre del año pasado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en la inmensa mayoría de los casos no se trata de píérdidas operativas, sino que los números rojos tienen que ver con el deterioro del valor de sus activos (principalmente inmobiliarios), lo que les ha obligado a aumentar las provisiones, y de ahí el resultado negativo. En noviembre del año pasado el Banco de España aumentó del 10% al 20% las provisiones, y en algunos casos hasta el 30% por deterioro de activos.
