Iberdrola, consciente de la previsible judicialización de su conflicto con ACS, reunió antes de su junta de accionistas del pasado 26 de marzo varios informes que no sólo dan por hecho la supuesta incompatibilidad de la constructora, sino que tambiíén eximen de responsabilidad al consejo de la elíéctrica de los efectos de su decisión de plantear una votación para apartar a su principal accionista del órgano rector. Estos informes, a los que ha tenido acceso Europa Press y que han sido elaborados por tres catedráticos de Derecho Mercantil adscritos a los despachos Uría Meníéndez, Cortíés Abogados y Ramón y Cajal, se anticipan al anuncio de ACS de impugnar la decisión de la junta de destituir a su flamante consejero en Iberdrola Josíé María Loizaga.
