Apenas unos días despuíés de que se aprobara el decreto ley que obliga a contar con una intermediario a todo aquel que publicite y comercialice productos financieros entre particulares, los Ruiz-Mateos han iniciado de forma urgente la búsqueda de sociedades que lleven a cabo esta labor. Por ello se han puesto en contacto con la sociedad Mediación Bursátil, aunque aún no ha logrado alcanzar ningún acuerdo.
Tal y como requiere la nueva legislación, esta firma está sometida a la supervisión de la CNMV y a las normas de protección que establece la directiva Midif. Mediación Bursátil es una sociedad de carácter familiar constituida en 1989, que está presidida por Carlos Fernández Romero y que cuenta en su accionariado con Abengoa, con un 8% del capital.
Fernández confirmó ayer ante la llamada de este periódico que "hemos estado hablando con Rumasa", aunque insistió en que "no hay ningún acuerdo sobre la posibilidad de actuar de intermediarios". Según explican fuentes del mercado, la firma del contrato no ha sido posible por una cuestión de precio. No obstante, la familia Ruiz-Mateos cuenta con otras opciones, está negociando al menos con otras cinco sociedades más y confía en alcanzar un acuerdo en los próximos días.
Cambio de normativa
La disposición del Gobierno que modifica la Ley del Mercado de Valores se ha producido despuíés de que la CNMV lanzara en los últimos meses duras advertencias contra las emisiones de la compañía, recordando que no estaban supervisadas y recomendando cautela a los inversores.
La familia Ruiz-Mateos insiste, sin embargo, que "la relación con el Gobierno es fantástica y, frente a lo que se ha dicho, este cambio de la normativa no se ha llevado a cabo para supervisarnos a nosotros, sino para evitar que cualquier chiringuito pueda lanzarse a hacer una emisión sin ningún tipo de control".
Antes además de que se conocieran las intenciones del Gobierno, el presidente de Nueva Rumasa, Josíé María Ruiz Mateos (hijo), anunció ya en una entrevista con elEconomista el pasado mes de octubre, que el grupo tenía la intención de realizar emisiones de pagaríés supervisadas por la CNMV para pequeños inversiones ante la fuerte demanda que estaban teniendo.
Demanda creciente
Los Ruiz-Mateos mantienen, asimismo, que pese a las advertencias del supervisor, están cumpliendo escrupulosamente todo los que prometen en sus emisiones. De hecho, el pasado 23 de febrero, justo cuando se cumplía el vigíésimo síéptimo aniversario de la expropiación de la antigua Rumasa, el grupo pagó el 8% de interíés prometido en la primera de sus emisiones. Posteriormente, se han llevado a cabo emisiones, no obstante, a un interíés aún mayor, al 10%, una rentabilidad más que atractiva en este momento.
La empresa, que ha llevado a cabo ya cuatro emisiones, captó con la primera de ellas 75 millones de euros, lo que le ha permitido afianzar su crecimiento y seguir comprando fábricas y marcas.
La firma Josíé María Ruiz Mateos, la empresa que ha realizado la última emisión para intentar comprar SOS, ha ampliado además capital en 60 millones de euros para financiar la operación. Nueva Rumasa subió el pasado lunes por tercera vez su oferta por la compañía a 3,5 euros por título. El problema es que para hacer frente a una operación de este tipo o acometiendo el plan de crecimiento previsto, tiene que seguir haciendo emisiones. Y todas ellas deben estar controladas ya por el supervisor de los mercados.
Propietarios de la cadena hotelera Hotasa, Postres Dhul o Trapa, en apenas un par de años han protagonizado importantes operaciones, como la compra de Clesa al grupo italiano Parmalat o la adquisición de una fábrica de Central Lechera Asturiana en Sevilla. Tambiíén se han hecho con el control de marcas tan reconocidas como Apis, Fruco y Tranchettes, propiedad de la multinacional alimentaria norteamericana Kraft.
Con una facturación de 1.500 millones y un valor patrimonial de más de 3.000 millones de euros, los Ruiz-Mateos siguen confiando en crecer -quieren duplicar a corto plazo el tamaño del grupo- y crear empleo, su principal objetivo. Para ello, el clan empresarial ha exigido además 18.000 millones de euros al Estado en concepto de indemnización tras ser expropiados. Actualmente, el proceso está en fase de retasación, aunque no parece nada fácil que logren sus objetivos. Hace apenas un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazó la petición de los Ruiz Mateos por la que reclamaban una compensación de 6.133 millones de euros por la participación que los socios de Rumasa tenían en Galerías Preciados en el momento de la expropiación.
El Alto Tribunal madrileño considera que nunca existió un justiprecio por esta participación, que ascendía al 78,62% del capital, debido a que el holding de los Ruiz Mateos contaba en el momento de la expropiación con un resultado negativo cercano a los 1.570 millones de euros (261.129 millones de pesetas).
Sobre esta sentencia todavía cabe sin embargo un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, que Nueva Rumasa llevará a cabo. Y todavía queda por dilucidar los recursos de retasación de las otras 700 empresas que formaban parte del viejo gigante de Ruiz-Mateos.
