Las instalaciones de energía de ríégimen especial, lo que popularmente se conoce como renovables, recibieron primas (o subvenciones) el pasado año por importe de 6.215 millones de euros en España.
La CNE, el órgano regulador del sector, se encarga periódicamente de verificar los flujos de dinero (ingresos y costes) del sistema elíéctrico español. Es lo que se llama liquidación. Entre otras cosas, controla lo que se paga a las instalaciones de ríégimen especial, que perciben por su producción un sobreprecio, o prima, con respecto a lo que cuesta generar la electricidad con otros sistemas tradicionales.
Esta prima se les ha venido concediendo bajo el argumento de que, como cualquier tecnología incipiente, en sus comienzos necesitan un incentivo económico para despegar. Si no, no lo harían.
Sistema descabalado
El problema es que el despegue, al menos en volumen de megavatios, ha sido tal, que ha terminado por descabalar todo el sistema elíéctrico. En menos de una díécada, los megavatios del ríégimen especial se han duplicado. Ahora hay más de 30.000 megavatios, aproximadamente un tercio de toda la capacidad que hay instalada en España.
La liquidación número 14 del regulador, organismo presidido por Maite Costa, recoge los datos afinados del pasado año. La CNE ha calculado que las primas a las energías renovables recibieron un sobreprecio por su producción muy superior al previsto.
En concreto, según la previsión que realizó el Gobierno en su día para fijar los precios de la luz en 2009, se calculaba que las primas iban a suponer 4.008 millones, unos 700 millones más que en 2008. Finalmente, han supuesto un volumen un 55% superior al previsto, lo que hace tambalearse el sistema y se convierte en un lastre para el usuario, que no es consciente en muchos casos de ese sobreprecio.
En los últimos años, el número de clientes de luz en España se ha mantenido estable en torno a 24-25 millones,incluyendo los 14 millones de hogares, las segundas viviendas y las empresas, según datos de la patronal Unesa. Mayor sobrecoste elíéctrico por las renovables supone repartir esa carga cada vez en mayor proporción entre esos clientes. En concreto, los 6.215 millones suponen un reparto medio de en torno a 250 euros/año por contrato (unos 20 euros en el recibo mensual).
El sobrecoste (que ya supera el billón de las antiguas pesetas), se produce en un momento en el que coinciden tres factores que lo convierten en un problema más visible. Por un lado, el coste de la energía producida por sistemas convencionales bajó considerablemente en 2009. Por otro, cada vez hay más críticas por los posibles casos de especulación financiera que se han generado con las primas. Y en tercer lugar, el Gobierno está decidido a acabar con el díéficit de tarifa elíéctrico, que fue de 4.200 millones de euros en 2009.
El coste de producir energía con medios convencionales el pasado año (un ejercicio con los precios del petróleo a la baja), fue de 3.132 millones, frente a los 11.430 millones de 2008. Las renovables recibieron en primas el doble de todo lo que costó generar luz en 2009. No todo el ríégimen especial son renovables, dicen íéstas, y dentro de íéstas, tambiíén hay voces que reivindican la diferenciación tecnológica.
Las solares, sobre las que se ha iniciado una investigación para determinar si algunas instalaciones producen fraudulentamente de noche (sin sol), recibieron 2.688 millones en primas en 2009, un 89% más que en 2008. Las eólicas recibieron 1.608 millones, un 21% más.
El problema es que las primas están haciendo que las cuentas no salgan, y se provoque díéficit en el sistema elíéctrico (más gastos que ingresos).
Inevitablemente, esto llevará a que el Gobierno se vea obligado a subir la tarifa de la luz. El 1 de julio toca la próxima revisión de precios.
El recibo, a subir
- En 2009, según la CNE, el sistema elíéctrico ingresó 14.553 millones. A eso hay que descontar el coste en primas (6.215 millones), el de producir energía (3.132 millones), y otros gastos (distribución, etc.).
- Se acabó con un díéficit de 4.615 millones (unos 4.200 millones con otros ajustes, como emisiones de CO2). Ese agujero es más que los 3.500 millones que el propio Gobierno puso, por ley, como tope. La diferencia solo se puede cubrir de una forma: subiendo el recibo de la luz.
