El borrador que está sirviendo de base a las negociaciones internacionales contra la falsificación y la piratería, denominadas ACTA, no prevíé que se pueda cortar el acceso a internet a los usuarios que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.
El texto, que se ha hecho público hoy por la Comisión Europea (CE) despuíés de meses de negociación a puerta cerrada, no prevíé cortes ni confiscaciones de material para los usuarios de la red en ese supuesto.
Tampoco se estipula que los proveedores de acceso a internet informen a las autoridades automáticamente de los usuarios que descargan y comparten archivos protegidos, una información que tan sólo estarán obligados a dar cuando medie autorización de un juez.
Algunos borradores filtrados a los medios de comunicación a principios de año reflejaban la voluntad de los gobiernos de responsabilizar más a los operadores de acceso a internet de los contenidos y obligarles a cortar el servicio a los usuarios que infrinjan repetidamente la legislación sobre derechos de autor.
El propio Parlamento Europeo (PE) había mostrado sus reticencias a una posible generalización del castigo a los internautas que intercambian archivos protegidos, en una resolución aprobada el pasado 12 de marzo por 663 votos a 13.
El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, se ha mostrado hoy “satisfecho de que la Unión Europea (UE) haya convencido a sus socios comerciales de hacer público el borradorâ€, ha informado en un comunicado.
Según de Gucht, “el texto aclara de lo que trata ACTA- de proveer a la industria y a los creadores de una mejor protección fuera de sus fronteras, esencial para las empresas y los propios ciudadanos europeos“.
Dado que en cualquier caso el borrador tiene menos garantía que la normativa de los países de la Unión Europea, no será necesario modificar las legislaciones nacionales respecto a derechos de autor cuando entre en vigor, han informado fuentes de la negociación.
Respecto a la lucha contra la falsificación, uno de los avances del tratado son las facilidades que pretende dar a los creadores europeos para que presenten denuncias en los Estados terceros donde se reproducen de forma fraudulenta sus obras.
El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, en sus siglas en inglíés) se negocia desde 2008 por los países industrializados, entre ellos los Veintisiete, así como Estados Unidos, Japón y Australia, entre otros.
Su principal objetivo es la lucha común de los países industrializados contra el delito de falsificación y la piratería a gran escala que proviene principalmente de los países en vías de desarrollo.
En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno al acuerdo internacional una vez que concluyan las negociaciones.
