Josíé Luis Rodríguez Zapatero tenía un sueño. "Mientras yo sea presidente, las políticas sociales no se recortarán", prometía hace sólo dos meses en el congreso del PSOE andaluz.
Pero el cáncer griego y la histíérica reacción de los mercados han situado al presidente ante la peor de sus pesadillas. Ayer, en apenas unos minutos de alocución al Congreso, echó por tierra sus banderas electorales para anunciar el mayor recorte de gasto público y social de la historia reciente.
Nadie en España se había atrevido a recortar el salario de los funcionarios un 5%, ni a congelar el poder adquisitivo de los pensionistas. Ni tampoco a erradicar en año y medio varios de los estandartes de su carrera a La Moncloa: cheque bebíé, ley de Dependencia, inversión pública o ayuda al desarrollo.
Con la misma rotundidad, Zapatero respondía a quienes en 2008 le demandaban un mínimo de austeridad frente a la crisis que se avecinaba que el Gobierno no era “partidario de esa constricción del gasto porque afectaría a la retribución de los empleados públicos, a la necesidad para las pensiones mínimas y al desarrollo de la ley de Dependenciaâ€.
Sin duda, íéste es un final desastroso para una gestión política de la crisis que la prensa británica tituló como el síndrome del mañana. Durante mucho tiempo, el Gobierno ha supeditado las reformas estructurales que todos los organismos le reclaman a una recuperación europea que trajera aire limpio.
“Tenemos fortaleza como país para afrontar la protección social y el cambio de modelo productivo (...) Vamos a salir de la crisis al mismo tiempo que los demás países europeos. Nuestra capacidad de inversión pública es sólida y el endeudamiento es bajoâ€, aseguraba Zapatero en la fiesta minera de Rodiezmo de 2009. A día de hoy, “no se puede jugar más con el riesgo de ver si alguien en el futuro nos soluciona el problemaâ€, advertía ayer de visita en Madrid el Comisario europea de Competencia, Joaquín Almunia, porque lo que está en juego es la “credibilidad del euroâ€.
Irónicamente, la Comisión Europea confirmó ayer el ansiado dato de crecimiento para España: un tímido 0,1% entre enero y marzo, tras siete trimestres en rojo. Pero una vez abandonada la recesión, la crisis comienza para un país con 4,5 millones de parados y que debe (deuda pública y privada) a los “especuladores internacionales†casi dos veces su PIB. Una economía que, por tanto, no se puede permitir el lujo de obviar las señales de píérdida de solvencia que le transmiten los mercados, por más que el presidente “no díé críédito†a las fluctuaciones del riesgo país de las últimas dos semanas.
Presión
Zapatero, como presidente de turno de la UE, ha tenido que moldear su política domíéstica a las exigencias de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. Los 750.000 millones de euros puestos sobre la mesa por los socios del euro y el FMI para garantizar la estabilidad de la Unión Monetaria tienen un precio. La zona del euro no alberga un problema de liquidez, sino de solvencia de algunos de sus miembros. Un riesgo para el equilibrio internacional que se refleja en la llamada que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo el martes por la noche a La Moncloa.
“A ningún presidente del Gobierno le gusta comparecer para anunciar recortes y a mí menos aúnâ€, reconoció en el Congreso el presidente. Pero Zapatero debe llevar a cabo aquello que prometió a las grandes potencias internacionales en la Cumbre de Davos: “España es un país serio y cumplidorâ€. Por tanto, el paquete de austeridad de ayer tendría que ser el preludio de una reforma laboral, un cambio en el sistema de pensiones o de un nuevo modelo de Estado más ágil, que rompa las barreras burocráticas, normativas y fiscales del actual.
Los problemas de casa
En dos años, la recesión ha destruido casi dos millones de puestos de trabajo y aflorado los problemas estructurales de la economía nacional. Frente a los que critican la parálisis de reformas, el Gobierno contraataca con una larga lista de medidas: plan de inversiones locales, ayudas directas a la compra de vehículos, subsidio de 420 euros para los parados de larga duración, subida del IVA, coche elíéctrico, ley de economía sostenible... así hasta “más de 100â€, según ha afirmado Zapatero en alguna ocasión. La Moncloa, de hecho, ha llegado a pensar que el problema estaba en la forma de comunicar sus propuestas a la sociedad.
A partir de ahora, el autíéntico dilema pasa por explicar a los ciudadanos que, despuíés de dos años de crisis, 110.000 millones de díéficit, una deuda rampante y cientos de páginas de BOE, la economía tardará en crear empleo. Y, sobre todo, que 12 millones de pensionistas, funcionarios y familias tienen que apretarse el cinturón a la griega para salvar la solvencia de España en los mercados internacionales y subsanar los desfases presupuestarias de los últimos años.
Zapatero ostenta ya dos títulos entre los presidentes de la democracia: anunció en septiembre la mayor subida de impuestos en tres díécadas y presentó ayer la mayor contracción de la política social de la historia reciente. El otro galón de la paz social con los sindicatos que hasta ahora lucía está apunto de caerse. El Gobierno difícilmente va a conservar el “cariño†de UGT y CCOO en una economía vigilada por Europa y acechada por la tormenta griega.
Encrucijada en 2011
- Todas las proyecciones económicas del Gobierno se habían basado hasta ahora en una recuperación del PIB en 2011. El presidente reconoció ayer que el crecimiento deberá modificarse porque, evidentemente, el recorte de la inversión pública tendrá efectos sobre la demanda interna.
- El escenario presupuestario tambiíén se plantea complejo para el Gobierno. El drástico tijeretazo a las partidas de gasto social y corriente obligan a hilar muy fino en el resto de tareas asignadas a los ministerios. Sobre todo, porque no está nada claro cómo reaccionará la recaudación de impuestos a este nuevo escenario.
- De hecho, el presidente no renunció a presentar más adelante nuevas subidas de impuestos. El camino lo tiene allanado. Despuíés de tocar el bolsillo a los pensionistas y funcionarios, siempre es más popular castigar fiscalmente a las rentas altas y las empresas. Una idea reivindicada desde hace tiempo por los grupos de izquierda en las Cortes.
- El plan de ayer es tan sólo la primera piedra de una serie de medidas estructurales como la del mercado laboral, las pensiones, la reordenación de las cajas de ahorros, la apertura de los mercados, la educación o la sanidad pública.
